Con el membrete del Gobierno de España se remite una nota oficial a los medios de comunicación para contar los avances del grupo de trabajo creado para atajar las quemas de coches y contenedores. En dicho comunicado se nos ofrece como una de las posibles soluciones valoradas por este grupo de expertos facilitar la colaboración ciudadana “con las denuncias” de “manera anónima”. Resulta impresentable que una administración central esté recomendando denuncias anónimas a sus ciudadanos para terminar con un problema de seguridad cuya resolución compete a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que deben sostener sus actuaciones en unos buenos servicios de información. Pedir al ciudadano que denuncie de manera anónima es abrir la puerta a un juego peligroso: primero porque no se sabe la intencionalidad de dichas denuncias y, segundo, porque de nada sirven ante un juez si esa información obtenida de esa manera no viene sustentada después por una investigación seria. Es fácil echar la culpa a jueces y fiscales cuando se dictan sentencias absolutorias o se deja en libertad a detenidos. Habría que ver la cara de sus señorías si las fuerzas de seguridad les presentan a detenidos basados en denuncias anónimas. La colaboración para perseguir un delito es una obligación de todo ciudadano, algo que parece que la Delegación desconoce hasta el punto de sacarse de la manga soluciones de chiste. Doten a las fuerzas de seguridad de medios, recuperen grupos policiales que trabajaban en las barriadas y las controlaban como lo hacía el Subgrupo de Noche, incrementen las medidas de las que puedan surtirse los servicios de información y darán con la tecla para solucionar un problema antiguo que, precisamente la inacción política, dejó crecer hasta convertirse en una auténtica bomba de relojería.
