Hace diez años el todavía presidente de la Ciudad, Juan Vivas, viajó a Madrid junto a parte de su por aquel entonces equipo de confianza en el ámbito económico para pedir al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se tomase más en serio la elaboración de algunos trabajos a la hora de desagregar los datos de Ceuta o de ampliar la muestra local para que sus resultados tengan una fiabilidad mínima.
Una década después, análisis tan relevantes como la Encuesta de Población Activa (EPA) o la de Condiciones de Vida, de la que se extraen entre otros datos sobre el porcentaje de población en situación o riesgo de pobreza y exclusión social, siguen alertando de que sus cifras sobre la ciudad no deben ser tomadas demasiado en serio.
A pesar de ello, acaban convirtiéndose en fuente científica de veredictos sobre el fracaso escolar, el nivel de paro o la tasa de caballas que no pueden llegar a fin de mes o atender gastos imprevistos.
La Ciudad tampoco se ha preocupado de cubrir con fondos y estudios propios esas carencias y el último análisis propio y detallado de la pobreza y la exclusión en Ceuta data de principios de la década pasada.
Los números de la administración local apuntan que casi 13.000 ceutíes se benefician de su red de protección social, dotada con cerca de 4 millones de euros, pero haría falta un conocimiento científico más riguroso para calibrar si es necesario elevar ese esfuerzo económico, que ronda el 1% del Presupuesto municipal, o reenfocarlo hacia otras necesidades y carencias para plantear políticas públicas con mayor base real.
