El desarrollo en su totalidad de un Sistema Nacional de Protección a la Dependencia más allá de las prestaciones económicas se anunció como el cuarto pilar básico del Estado del Bienestar en España a través de una red de prestaciones y servicios públicos que debe dar cabida a la pluralidad de situaciones de protección a las personas con dependencia.
La Ley de Dependencia alcanzará la mayoría de edad a finales de este año, pero aún siguen siendo muchos los déficits que arrastra.
Ceuta y Melilla aumentaron en 2023 las personas con derecho en 289, un 8,40% más que en el ejercicio precedente, superando a la media del resto de autonomías situada en un incremento del 5,11%.
En las ciudades autónomas se atendió el año pasado a 219 nuevos dependientes y la lista de espera se redujo en 77 personas. Además, se crearon 34 nuevos puestos de trabajo, pero el promedio de gasto público por persona dependiente en Ceuta y Melilla (4.125,3 euros) se halla muy alejado de la media nacional (6.103,4). También el gasto público por habitante en las localidades españolas norteafricanas (80,4 euros) representa menos de la mitad del medio en el conjunto de España.
El Imserso y la Ciudad Autónoma deben concretar cuanto antes la evaluación de las políticas que prestan en este ámbito de forma paralela o coaligada y mejorar su efectividad por la vía de la colaboración, ya que la inversión en este campo es social, pero también económica, y mientras aquí solo se generan 33,3 empleos por millón desembolsado, en el resto de España se rozan los 41. Es fundamental concretar de qué manera se puede mejorar para, a continuación, tomar medidas con ese objetivo.
