Ceuta Ya! está en su legítimo derecho de interpelar al Gobierno sobre los asuntos que considere de interés ciudadano. De hecho, la formación localista se erige en una de las más activas y crítica de las que tiene representación en la Asamblea gracias a los votos de los ciudadanos.
Y eso le honra, pero no todo vale. No valen las mezclas extrañas como cuestionar, por un lado, la defensa que ha hecho el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, de la actuación de quien fue su número 2, Mabel Deu, para, luego, terminar el discurso con la manida acusación de racismo.
La Justicia ha dictado una resolución para sentenciar que las decisiones adoptadas por Deu y quien fuera delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, no fueron las que legalmente debieron ejecutarse.
Esa resolución está recurrida ante una instancia superior que tendrá ahora que dilucidar si existió un ánimo prevaricador en las dos exmandatarias o si, por el contrario, obraron creyendo que lo que hacían era lo correcto, siguiendo unas decisiones sometidas a consulta de un Gobierno de la Nación que supuestamente las amparaba.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no solo considera que su segunda obró bien, sino que además ha reconocido hasta la saciedad que él avaló todos los movimientos, ejecuciones y decisiones.
No se ha puesto de lado, tampoco ha dejado sola a quien fue su compañera en la política. No lo ha hecho porque cree y mantiene que ante una situación extrema y delicada como fue la entrada masiva, se había dado con la tecla de conseguir que Marruecos, a través de una oenegé, aceptara a sus propios nacionales menores de edad para que volvieran con sus padres.
La justicia se ha encargado de determinar que aquello no se debió hacer así. Un tribunal ha concluido tal aseveración en el foro debido.
Buscar en ese apoyo de Juan Vivas un debate político paralelo a lo judicial no parece tener sentido en un foro como es el pleno, pero si una formación legítima como Ceuta Ya! considera que merece ese debate, tiene todo el derecho a interpelar al Gobierno sobre esto.
De ahí a derivar el discurso por los cauces del racismo no solo supone una alocada y errática decisión política sino, también, una forma de entender el debate demasiado torpe y equivocada, amén de irresponsable.
Una institución como la Ciudad Autónoma que se ha enfrentado incluso a los barones del PP para arropar modificaciones legales con el ánimo de buscar las mejores medidas para los menores extranjeros no acompañados, reubicándolos en espacios peninsulares, no puede ser racista.
Una institución que ha defendido las políticas orientadas a la defensa del interés del menor sosteniendo un área de Menores cuya gestión es valorada al más alto nivel político no puede ser racista.
Una institución que ha plantado cara a los discursos radicales vertidos contra los propios menores no puede ser racista.
Buscar ese discurso tendencioso para criticar las valoraciones hechas por un presidente tras conocerse una resolución judicial concreta supone patinar en el terreno político, algo impropio de una formación como Ceuta Ya! y del fin último que, se supone, pretendía con esta interpelación.
Ese tipo de posturas políticas no son propias de los localistas.
