La Ciudad Autónoma incluye en su propuesta de Programa Operativo del Fondo FEDER 2021-2027 el viejo proyecto de habilitación de un carril-bici por toda la fachada norte de Ceuta que, con algo más de 10,5 kilómetros de longitud, permita conectar Benzú con Santa Catalina y sirva de eje vertebrador de una movilidad sostenible desde su trazado hacia otros puntos neurálgicos como el puerto, los centros comerciales cercanos o el corazón urbano.
La primera vez que la administración local esbozó con seriedad la posibilidad de ejecutarlo fue hace seis años, pero cayó en el cajón de los desechados o nunca activados, como tantos otros.
No le pasa solamente al Ejecutivo local. El central lleva años mareando la perdiz con el Centro Integrado del Brull, las nuevas dependencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil...
Ahora vuelve con el viento a favor de las exigencias de sostenibilidad que impone la UE y la Agenda 2030 en pro, entre otras cosas, de una movilidad limpia.
En general las instituciones deben ordenar sus prioridades y presentar con transparencia a la ciudadanía cuáles son sus disponibilidades presupuestarias y sus intenciones a corto, medio y largo plazo. La repetición de los mismos anuncios cada equis años sin que se materialicen en nada concreto solamente genera desafección e incredulidad. Si una iniciativa fracasa o se reconsidera su oportunidad debe ser explicado con la misma claridad con la que se proclamase su ejecución.
El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico del Estado tendría que servir como hoja de ruta concreta y evaluable de su actuación en la ciudad, pues incluye hitos temporales cuyo cumplimiento habrá de ser exigido.
La iniciación de un expediente para la contratación de una obra, un servicio o un suministro debe concluir bien con la contratación correspondiente o el desistimiento de la Administración, y aunque quede desierto, esto no significa que no pueda y deba promoverse una nueva licitación para lograr satisfacer la necesidad que dio lugar a la iniciación del expediente.
Manifestar el deseo o la voluntad por parte de la Administración, sin que ello se plasme en una Resolución del órgano que sea competente para ello, es algo que no forma parte del mundo jurídico y por tanto, inalcanzable a la acción de los ciudadanos, que podrían reclamar la inacción de la Administración ante sus propios actos.
Es decir, las promesas de los Gobernantes deben plasmarse en Resoluciones que los vinculen, todo lo demás es propaganda política, humo, imagen ... política barata destinada a engañar a los ciudadanos.