El presidente de la Ciudad llamó ayer con acierto a toda la Asamblea a unir fuerzas para exigir a la Administración General del Estado, sea del color político que sea en cada momento, la cobertura adecuada de los servicios fundamentales que gestiona en Ceuta, sobre todo Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Seguridad, Justicia o Defensa.
Pese a su presupuesto, relativamente boyante en comparación con otros ayuntamientos de similar población, la administración local no puede seguir siendo la diana a la que se dirija cualquier reclamación con independencia del ámbito competencial al que se circunscriba.
La Ciudad ha malacostumbrado durante algún tiempo al hacerse cargo de satisfacer necesidades que otras administraciones dejaban al descubierto (con carácter “impropio”, gracias a transferencias o con fondos propios...) y ahora que el margen de maniobra económico no es tan holgado parece empezar a asumir que es necesario urgir a los ministerios competentes a ser plena y verdaderamente responsables.
El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado por el Consejo de Ministros hace casi un año debería haber sido un marco idóneo para que la Administración General del Estado asumiese sus debes y estableciera un cronograma de subsanación de los mismos, pero los primeros 12 meses de vida del documento han sido bastante frustrantes.
Si el PP y el PSOE coinciden en la prudencia en lo que al manejo de los tiempos con cualquier desarrollo o reforma del Estatuto se refiere también deben hacerlo con el nivel de exigencia a las estructuras nacionales de sus partidos, los únicos que se han turnado hasta ahora en La Moncloa, para garantizar a este lado del Estrecho la ejecución del principio fundamental de igualdad en el acceso a los servicios públicos, sobre todo los más básicos, con independencia del lugar de residencia.
