El delegado del Gobierno mantuvo ayer la esperada reunión con los empresarios de las naves del Tarajal, que contaron con el respaldo de la CECE. Una reunión necesaria que, si bien se había señalado para una semana antes por parte de la Administración central, tuvo lugar en uno de los momentos clave, dada la cantidad de información que se está leyendo y escuchando en torno al considerado pulmón comercial de la ciudad. La economía y la seguridad conforman un binomio que no siempre hace balanza, pero dados los precedentes habidos se erige en algo que debe respetarse. El delegado del Gobierno no se esconde a la hora de concluir que hay que anteponer la seguridad ante cualquier otra decisión. Una postura lógica para quien debe garantizar que no se reproduzcan problemas, que no se organicen nuevas avalanchas, que no haya que lamentar más muertes o que la propia frontera no se convierta en zona caótica, como estaba sucediendo hasta ahora. Nadie, en este punto, puede quitarle la razón a quien lleva las riendas de la Plaza de los Reyes, pero también es cierto que debe reconducirse un diálogo y un acercamiento de posturas que huya de decisiones radicales. Los empresarios ponen encima de la mesa posturas dignas, no deben sentirse acosados como si fueran delincuentes, tienen que disponer de un acceso fácil a los negocios y tienen que verse respaldados por directrices congruentes y no sometidas al libre albedrío de cada grupo policial que llega al polígono.
El objetivo perseguido por ambos frentes debe pasar por la normalización de las mercancías de cara a la próxima apertura del nuevo puente alternativo al Biutz. En ese fin están todos, consensuando aspectos y limando asperezas para que ni la economía de quienes viven del comercio se resienta (algo que directamente también influye en las arcas municipales) ni se permita que el descontrol se transforme en la moneda de cambio diaria en la zona.
