La Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de Ceuta y Melilla creada en el Senado a finales de 2020 a instancias del PSOE ha terminado su programa de comparecencias y se ha dado dos meses extra de plazo para cerrar unas conclusiones que deberían ser aprobadas por consenso en beneficio de todos los territorios extrapeninsulares y, singularmente, de las dos ciudades autónomas como cuestión de Estado que son.
Se trata de otro foro de análisis y estudio que se suma al impulsado por el Gobierno central a través de Tragsatec para elaborar un Plan Estratégico para Ceuta y al informe solicitado por el eurodiputado Jordi Cañas para intentar arrojar luz sobre las ventajas e inconvenientes que para la ciudad tendría incorporarse a la Unión Aduanera, suprimir la excepcionalidad en el Tratado de Schengen o alcanzar un estatus equiparable al de las Regiones Ultraperiféricas ante las instituciones comunitarias.
Los gobernantes deben esforzarse para que las conclusiones que se extraigan de todas esas líneas de trabajo se traduzcan en medidas reales y palpables que hagan ver a la ciudadanía la existencia de un compromiso firme para garantizar a la ciudad autónoma un futuro seguro, próspero y estable, sobre todo tras las crisis sanitaria, económica, fronteriza, migratoria e institucional que han azotado y sigue sufriendo Ceuta. El paso de distintas voces autorizadas, con independencia de que hayan sido todas las locales que debieran o en el número deseable, para trasladar a las Cortes Generales la problemática local ya es en sí mismo una buena noticia que ahora debe traducirse en voluntad de acuerdo de los grupos parlamentarios mayoritarios y disponibilidad para la ejecución de los acuerdos desde el Gobierno central.
