La Diócesis de Cádiz y Ceuta y el Gobierno de la Ciudad han entrado en un fuerte conflicto provocado por la discrepancia sobre el uso del edificio llamado “Amor fraterno” que, durante los últimos siete años, ha albergado “provisionalmente” una de las dos guarderías públicas gestionadas por la Ciudad.
Una primera aproximación a este problema deja en evidencia, sin paliativos, al Gobierno de la Ciudad. Nadie puede explicar por qué motivo una solución de emergencia, prevista para seis meses (lo que debían durar los trabajos de reforma del edificio propio de la Guardería), se ha prolongado durante más de siete años, y aún sigue sin acometerse ninguna iniciativa al respecto. Es una gestión desastrosa. Lo que ocurre es que esto ya no sorprende a nadie. No es noticia. Todo el mundo sabe que este tipo de actuaciones forman parte de las señas de identidad de los Gobiernos de Vivas. Lo que en otras latitudes sería objeto de un escándalo público que conllevaría responsabilidades políticas, aquí se asume como “normal”. Aquí, nunca pasa nada.
Pero tampoco la iglesia, exhibiendo una voracidad lucrativa desmedida, queda en buen lugar. La presión (muy parecida a un chantaje) que están ejerciendo, intentando sacar provecho de la ineptitud del Gobierno (asustado por la posibilidad de no tener alternativas ante el inminente inicio del curso), y cuya única finalidad es embolsarse dos millones de euros por un edificio calificado como uso dotacional en la Barriada Juan Carlos I, no dice mucho de su vocación de servicio a la sociedad. Porque no urgen a abandonar el edificio para desarrollar actividades caritativas sino para enriquecerse injustamente (además, conviene recordar que ese patrimonio ni siquiera era de la iglesia en su origen, sino que fue “cedido” por una asociación de seglares). Pronto se olvida alguna operación reciente tutelada por el Gobierno que permitió al obispado “ahorrarse” las indemnizaciones que correspondían a cincuenta de sus trabajadores.
Este insólito enfrentamiento entre dos instituciones teóricamente concebidas para procurar el bien común (exclusivamente), nos sitúa en otra reflexión sobre una de las patologías más dañinas de cuantas emponzoñan nuestra vida pública. Nos referimos a la manifiesta incapacidad para el entendimiento y la cooperación. Podríamos poner infinidad de ejemplos que abarcan desde el movimiento vecinal, al ámbito deportivo, pasando por las formaciones políticas o entidades sociales. Somos auténticos especialistas en la división y el enfrentamiento.
Este fenómeno se ha contagiado a las instituciones (públicas y privadas) que se muestran incapaces de actuar mancomunadamente conforme al interés general. Una prueba muy clara de esta enfermedad la tenemos en la aberrante política de gestión de infraestructuras. No se puede entender que una Ciudad como Ceuta, de apenas veinte kilómetros cuadrados (con escaso suelo disponible), y acosada por un abultado déficit de equipamiento (reconocido en todos los informes oficiales), se pueda permitir el lujo de mantener vacíos y cerrados una amplia colección de edificios de titularidad pública, o de instituciones sin fines de lucro, por un inadmisible egoísmo institucional que cercena toda posibilidad de diálogo y consenso. Haremos un breve repaso (dejando al margen los cuarteles que no están operativos y que son objeto de otro análisis). El edifico del antiguo hospital de Cruz Roja; el Banco de España, el edifico de la Seguridad Social; la Residencia de Nazaret; el Hospital Militar, la Residencia de Suboficiales de Hadú, la antigua Comisaria de los Rosales; la guardería del Morro. Miles y miles de metros cuadrados construidos inutilizados. Edificios vacios gestionados por mentes cerradas.
