Hablar de derechos siempre genera debates, porque hay colectivos que se apoyan en argumentos morales para oponerse a su aprobación. Pasó con el divorcio, hubo manifestaciones contra la ley y descalificaciones contra los que la apoyaban. Los cavernícolas pensaban que con el divorcio el país se iba a pique. Sin embargo, años después, esos que sujetaban las pancartas contra la ley del divorcio pasaban por los juzgados para ejercer ese derecho. Pasó con el derecho de asociación en la Guardia Civil y, una vez legalizado, los que se dedicaban a perseguir con ahínco a los sindicalistas como despectivamente nos llamaban, hoy están afiliados a las asociaciones.
Hay derechos que no van en detrimento de los derechos de otros ciudadanos y, por tanto, oponerse argumentando motivos religiosos, morales o ideológicos no tiene ningún sentido, sobre todo cuando puedes elegir hacer uso de ese derecho o no; pero el egoísmo, la falta de empatía y los intereses particulares nos impiden ver más allá de nuestras propias narices.
Los españoles vamos a disfrutar de un derecho más, al aprobarse el de morir dignamente. La primera vez que tomé conciencia de este drama fue con la película Mar adentro. Una adaptación de la historia real de Ramón Sampedro, un escritor y exmarino aquejado de tetraplejia desde los 25 años, que harto de sufrir acudió a los tribunales para reclamar una muerte digna. Años después lo consiguió gracias a la generosidad de su pareja.
Un derecho más, gracias a la generosidad, tenacidad y valentía de ciudadanos que decidieron luchar para cambiar las cosas, para que millones puedan decidir o no hasta dónde están dispuestos a soportar el sufrimiento. Tener la posibilidad de elegir, de decidir cuando quieres acabar con el sufrimiento bajo la supervisión de personas capacitadas y con unas normas de obligado cumplimiento no debe molestar a nadie.
Esta ley no es una barra libre para los que quieran dejar de sufrir, porque exige unos requisitos muy garantistas. Los que quieran acogerse a la eutanasia tienen que padecer una enfermedad grave e incurable, crónica e imposibilitante. Era lo que reclamaba Ramón Sampedro, no podía valerse por sí mismo, le originaba sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportable y pronóstico de vida limitado.
Además, como todo texto normativo de esa importancia, este proceso será vigilado e informado por un equipo médico que garantizará que no existen presiones externas y, sobre todo, que lo hace siendo consciente de la solicitud que hace; además el equipo médico tiene la obligación de informar al solicitante sobre el proceso de su enfermedad, las posibilidades o alternativas de ayudas como cuidados paliativos y prestaciones a las que tiene derecho.
España se suma a la lista de los siete países que permite que un paciente incurable reciba ayuda para morir para evitar el sufrimiento; antes se legalizó en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. Seguro que habrá muchos más, porque vivir y morir dignamente son dos derechos fundamentales.
Bienvenido sea, un derecho más.
