La Sanidad pública, la de todos, la que es la envidia de muchos en el exterior de nuestras fronteras ha tenido que afrontar sin lugar a dudas la época de gestión más difícil en la historia de la democracia.
Todos somos conscientes de ello. Unos lo reconocen y otros no, pero es un hecho que hace tres años la Sanidad pública estaba herida de muerte: un endeudamiento meteórico que parecía imposible de superar (16.000 millones de euros), deudas no reconocidas desde hacía muchos años atrás, procedimientos abiertos por la Unión Europea contra el Sistema Nacional de Salud, impagos a proveedores que amenazaban con cerrar (¿recuerdan las huelgas de farmacéuticos por impagos?), disparidad de prestaciones y de condiciones en la asistencia en las distintas regiones de España, un modelo asistencial con una sorprendente carencia de tecnología de información y con imposibilidad de interoperabilidad entre los distintos sistemas (nacional , autonómicos…), un modelo de prestación farmacéutica que no conseguía que se pusieran en valor real los medicamentos que se dispensaban y que hacia incrementar exponencialmente cada año la factura… Si a todo ello se le suma el panorama de crisis económica generalizada, un déficit público anual desbocado y la ausencia de crédito exterior para nuestra economía creo que se podría estar de acuerdo en que la sanidad pública como elemento fundamental de nuestro estado del bienestar (al menos tal y como estaba concebida) peligraba.
Por ello, en los últimos tres años se han puesto en marcha una serie de reformas con el objetivo fundamental de garantizar la sostenibilidad y preservar la calidad del sistema sanitario público, asegurando el derecho de todos a la protección de nuestra salud y a una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal.
Y las reformas han sido de calado. Porque era necesario y porque el sistema ya no aguantaba más. Así, de una vez por todas se ha dotado a las comunidades autónomas (que recordemos son las competentes en proporcionar asistencia sanitaria) de instrumentos legales que les permiten gestionar de forma eficiente, pero también de forma real, puesto que no se gestiona de forma real si los presupuestos no reflejan de forma veraz unos ingresos adecuados que acompañen a los gastos que se van a producir durante todo el año.
Y se ha hecho respetando los elementos básicos del sistema: público, gratuito y universal. Sin embargo, lamentablemente, todos los partidos de la izquierda política han encontrado en esta reforma un terreno abonado a la mentira, a la demagogia y a la manipulación. Se ha dicho, se ha repetido hasta la saciedad que el sistema se estaba privatizando, que íbamos a pagar por recibir atención sanitaria, y que además se perdía la condición de sanidad universal. Mentira tras mentira.
Ahora, tres años más tarde ya se puede demostrar la gravedad de tanta manipulación. ¿Alguno de los lectores ha visto como algún Centro de Salud o algún Hospital ha dejado de pertenecer al Sistema Público? ¿A alguno de los lectores le han cobrado un solo euro en algún tratamiento que haya recibido en algún establecimiento sanitario? Y en cuanto a la universalidad del sistema: ningún ciudadano extranjero, aunque se encuentre en situación irregular, ha dejado de ser atendido, ni se le ha dejado de tratar un proceso en fase activa, y ningún menor de 18 años, ninguna embarazada y ningún parto ha quedado ni quedará fuera de cobertura. Ahora bien , lo que se ha corregido es que por el mero hecho de estar en España habiendo entrado de forma ilegal se tuviera derecho a todo el conjunto de prestaciones que tienen los españoles dentro y fuera de España, como ocurre de igual manera en el resto de países de la UE.
¿Por cierto, sabían que hasta que se han aplicado estas reformas España ha dejado de pasar cargos por miles de millones de euros que podrían haber sido facturados a países europeos, y que no se ha hecho por la no transposición del artículo 7 de la Directiva Europea en la que recoge las condiciones para la prestación de asistencia sanitaria a ciudadanos de la UE? Increíble ¿verdad? No pasaba nada…era el sistema público (sic).
Otro elemento de crítica reiterada fue la medida que introdujo el copago (limitado) en los medicamentos. Ahora todo el mundo admite que es necesario seguir avanzando hacia un consumo más racional de los fármacos, potenciar el uso de genéricos para seguir acercándonos a niveles de los países de la UE más desarrollados, y hacer un reparto del esfuerzo de los españoles que busque la justicia y la solidaridad y que esté basado en principios claros como son la edad, la renta y la gravedad y cronicidad de las enfermedades. Pero hasta ese momento el sistema de “todo gratis para todos” había llevado a una situación de impagos que condenaba a la ruina a las farmacias y con ellas al propio sistema…
Y sobre todas estas reformas ha brillado siempre, y es justo proclamarlo así, la categoría y el valor humano de todos los profesionales del sistema.
Los datos de gasto farmacéutico y de deuda sanitaria, y los informes de la UE y de la OCDE no dejan lugar a dudas. A pesar de una dura crisis que amenazaba con la ruina, intervención y el rescate , los españoles seguimos mejorando en esperanza de vida, en reducción de mortalidad por cáncer, reducción de enfermedades cardiovasculares, mortalidad infantil, etc. La sanidad pública ya no corre peligro. Las reformas han funcionado. Y todos deberíamos celebrarlo.
Francisco Márquez - Diputado en el Congreso por Ceuta
