La temporalidad y la precariedad como instrumentos adelgazantes del abultado desempleo supondrán al interés colectivo, “comida para hoy y hambre para mañana”. Una vez más, las circunstancias keynesianas han justificado las decisiones del presente. Mientras hace aproximadamente un año, se apostaba duramente por la estabilidad laboral como garantía de crecimiento sostenido a largo plazo.
Ahora, casi doce meses después, la tuerca ha vuelto a rodar, con el consiguiente perjuicio para el consumo financiado. La apuesta por la cantidad contractual en detrimento de su calidad solucionará la pesadilla estadística de los próximos dos años, pero supondrá un efecto volátil al final del espejismo. Dicho de otro modo, el encadenamiento contractual de la temporalidad aliviará “temporalmente” los datos amargos de la EPA, pero la caducidad de la propuesta supondrá una vuelta atrás a las angustias del presente.
La temporalidad incrementará liquidez a los mercados pero no será la receta para otorgar confianza a las aguas financieras. La gestión de hipotecas se verá cortocircuitada por el handicap de la temporalidad.
Los bancos se lo pensarán dos veces antes de abrir el grifo a aquellos que pongan sobre la mesa la confianza documentada mediante papeles temporales. Por lo tanto, el mercado inmobiliario seguirá paralizado durante dos años en espera que la masa temporal resurgida por la medida pase a la esfera indefinida y se convierta en una demanda potencial de vivienda residencial.
Conclusión; el aumento de la temporalidad resolverá el consumo de baja intensidad, alimentación y vestido, pero retrasará la materialización del consumo pesado, automóvil y vivienda. Las decisiones de compra de casas y coches necesitarán la ayuda estatal oportuna para otorgar la confianza a los proveedores de “cash” ante sus clientes temporales.
Mientras tanto; seguiremos siendo los líderes de Erostat en tasa de temporalidad. La otra medida; el cambio del requisito de la edad de los contratos de formación, sí el aumento de los 25 a los 30 años, supondrá un aumento paulatino de la actividad pero, desde el prisma de la precariedad. La figura contractual servirá para que miles de jóvenes desplazados del sector de la construcción y sin formación, puedan obtener mediante esta modalidad contractual la posibilidad de formarse y encauzar su vida laboral hacia otros sectores distintos al ladrillo. Ahora bien, el nuevo contrato tampoco paliará los problemas del consumo financiado. La remuneración de este tipo de contratos (75% del SMI) o dicho de otro modo, los casi 500 euros que se llevarán los trabajadores a sus bolsillos a final de mes servirá, como la medida anterior, para incentivar el consumo de corto alcance pero, sin lugar a duda, no activará la compra de miles de viviendas paralizadas y “muertas de risa”, en espera de potenciales compradores al amparo de sus credenciales.
Conclusión; los retoques del contrato de formación servirá para disminuir las cifras de paro, pero sin embargo, el sueño de la vivienda tendrá que esperar hasta que los sujetos de tal medida puedan firmar un contrato a largo plazo. Mientras tendrán que pasar por el portazo del gestor bancario, al presentar como credenciales de compra, el contrato de formación.
Una vez más, la sinrazón se ha apropiado de la desesperación. Las contradicciones han sido la tónica de este “saber hacer” político que justifica precariedad y temporalidad como sinónimos de estabilidad y solución al coma profundo del consumo pesado. La vuelta al término “basura”, como así fueron adjetivados en los ochenta, los contratos de Felipe, han vuelto a resurgir en el mercado del presente.
Increíble.
