La detención del Portavoz de Caballas (y dos Consejeras del PP), ordenada por la Jueza que investiga el caso de la adjudicación “fantasma” de la promoción de las 317 viviendas de Loma Colmenar, ha convulsionado a la opinión pública. Lógicamente. Como era fácilmente predecible en estas circunstancias, todo el que tenía alguna “cuenta que ajustar” con Caballas, sea cual fuere el motivo, ha encontrado un inesperado momento de felicidad. Una oportunidad inmejorable para descargar toda su frustración en forma de bilis putrefacta. También los partidos políticos que “compiten” con Caballas por un mismo segmento del electorado han recibido con agrado y satisfacción este hecho; no en vano han visto en su mente la urna llena de las papeletas que en su día fueron de Caballa, y les ha invadido un regocijo incontenible. Lógico. Todos, cada cual disfrutando de su particular alegría sobrevenida, subidos en la gigantesca ola comunicativa (medios y redes), gesticulando ostensiblemente, se afanan en enterrar a Caballas (a las Consejeras del PP a penas se les presta atención, son dos piezas prescindibles que no afectan para nada al proyecto del PP). El manual no escrito de “buenas prácticas” en la época de de la recuperación ética de la actividad política señala, de manera taxativa, que imputación equivale a dimisión. Esta regla parece que cierra cualquier debate al respecto. Como en aquel juego infantil, todos los intervinientes se tapan los oídos con sendos dedos mientras hacen ruidosa burla sacando la lengua. No sé si en estas circunstancias merece la pena aportar alguna reflexión. La engulle de inmediato la trituradora activada por los prejuicios y los aforismos maniqueos que tan bien funcionan en mentes poco acostumbradas al razonamiento. A pesar de ello, me siento en la obligación de hacerlo. Porque me resisto a sucumbir ante la sinrazón y el absurdo.
Primer absurdo. Teniendo en cuenta la innegable repercusión social que tiene, sería razonable (y deseable) que cuando un juez “impute” a una persona, se facilite a la opinión pública la información suficiente para poder hacer una valoración justa y fundamentada (más allá de la presunción de inocencia o el resultado definitivo del procedimiento) de los acontecimientos que se suceden ante su vista. Entiendo perfectamente la figura del “secreto del sumario” y su utilidad; pero deviene en un absurdo cuando su consecuencia es la imposibilidad legal del ciudadano afectado de poder explicarse ante un linchamiento mediático (del que no hay manera de salir ileso sea cual sea el desenlace final). Quizá nadie sea responsable de este despropósito y sea una contradicción del sistema; pero estamos ante una flagrante injusticia en términos políticos y éticos. Todos los que están opinando sobre este caso tienen derecho a saber que han hecho “presuntamente” los detenidos. Y sin embargo, la propia ley lo impide. La democracia vaciada de contenido. Y los “juicios populares” convertidos en huracanes de exabruptos de enardecidas turbas ignorantes.
Segundo absurdo. Este caso tiene su inicio en la decisión política de denunciar la corrupción que se estaba produciendo desde tiempo inmemorial en los procesos de adjudicación de viviendas, según los rumores cada vez más insistentes y consistentes. Fue Caballas quien se mostró más beligerante en este asunto, forzando al Gobierno a denunciar y proponiendo la personación de la Ciudad en la causa. Ya en el propio Consejo de Administración de EMVICESA había advertido de esta circunstancia proponiendo medidas para evitarlo (como consta en las actas). Ha sido Caballas el partido que más ha denunciado y luchado por acabar con la corrupción. Y es, precisamente, su Portavoz el que aparece como acusado de su propia denuncia. En Ceuta casi todo sucede al revés.
Tercer absurdo. Según se deduce de algunos testimonios, y así lo publica este diario, parece que parte de las actuaciones tienen que ver con adjudicaciones anteriores, lo que explicaría la detención de los diputados por su pertenencia a la Comisión Local de la Vivienda; pero esto poco o nada tiene que ver con la existencia de una “organización criminal” que, según los últimos titulares de prensa, centra la investigación de la jueza. Es probable que desde un punto de vista de la técnica procesal este hecho tenga una lógica interna (que se puedan instruir y dilucidar cosas muy diferentes bajo una misma causa) pero desde el punto de vista de la comprensión de los hechos por parte de la ciudadanía se convierte en un absurdo.
Esta diabólica superposición de hechos infortunados que son la consecuencia de la dificultad (mejor dicho, imposibilidad) de deslindar tres ámbitos teóricamente muy diferenciados (judicial, político y mediático), que funcionan y se rigen por sus propias claves cada uno, debería ser suficiente para adoptar una actitud prudente, que no eximente. en este caso. No se trata de aplicar reglas distintas ni tratos de “privilegio” a los afines.
Si cuando se levante el secreto del sumario se conocen indicios (ni siquiera pruebas) de un comportamiento ilícito por parte de Mohamed Alí, se le deberá exigir que actúe en coherencia con sus propios postulados (no me cabe la menor duda de que lo hará); pero destruir a una persona íntegra y honrada a carta cabal, y de paso asestar un golpe durísimo a un proyecto político que ha demostrado con creces su vocación de servicio a esta Ciudad; sin que nadie (salvo la jueza) sepa por qué; me parece una injusticia de tal magnitud que no admite la indiferencia. Una de las razones (quizá la más importante) de cuantas justifican my participación en política, ha sido, y será siempre, rebelarme y luchar contra las injusticias. Aún estando en minoría. Asumiendo costes y desgastes personales. Porque lo principios son inmutables, universales e intemporales (o son otra cosa). MI conciencia y mis principios siempre me han bastado para remar contra corriente. Me niego a claudicar.
