La Ciudad se jacta de acatar las órdenes judiciales. Pone a los jueces por delante cuando le interesa; cuando no, chulea al personal y juega con el dinero de todos. Es lo que está pasando con la sentencia que hoy publicamos y que afecta directamente a una ciudadana a la que borraron del Padrón sin fundamento alguno y a la que se niegan a volver a empadronar. Un juez ordenó, a finales del año pasado, que se hiciera. Condenó a la Ciudad en costas y le advirtió que su función no era precisamente la de ser controladora sino la de registrar. La sentencia firme nunca se ejecutó. Así que la afectada, amparada por la Justicia, sigue esperando a que le empadronen sin éxito. Tres meses han pasado, tres meses que han dado para una condena y para un decreto con advertencia de multa. ¿Qué está pasando?, ¿la Administración se permite el lujo de puentear una sentencia judicial?, ¿de qué bolsillo va a salir el abono de las costas y el de una posible multa?, ¿por qué se juega con el derecho pisoteado de una ciudadana?, ¿cuántas bajas en el Padrón se cursan de forma injusta?
Es un atropello de tal calado que no puede ser consentido ni un minuto más. Tiene que haber un responsable de esta situación irrisoria, de este esperpento, de esta apisonadora de derechos que se ha permitido sin vergüenza, sin pudor alguno. La exigencia de las leyes se hace con el ejemplo. Algo que en este caso no abunda. Es de vergüenza.
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