Operación Monte: Piden casi 30 años de prisión por el pase de hachís en camiones de Ceuta a la península

31 personas tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta en el que será, sin duda, el mayor juicio seguido en la Sección VI por una causa vinculada con el tráfico de drogas. Todos ellos están investigados por su presunta relación con la bautizada como ‘Operación Monte’. Un golpe al narcotráfico que asestó la UDYCO de la Policía Nacional en marzo de 2016 y que se saldó con el decomiso de casi seis toneladas de hachís además de la investigación a medio centenar de personas.

El Ministerio Fiscal ya ha calificado los hechos y trasladado su escrito de acusación a las partes, a esa suerte de abogados que tendrán por delante la complicada papeleta de defender a los que, a juicio del Ministerio Público, integraban una organización para alijar y distribuir en la península el hachís adquirido a un proveedor en Marruecos.

Fiscalía ha trasladado su escrito de acusación a las partes: habla de organización de alijo y distribución de hachís

En esa estructura, “perfectamente organizada” a juicio de los investigadores, había distintos roles en una pirámide encabezada por dos ‘jefes’ a los que seguían los apoyos de intermediarios, distribuidores, transportistas, reclutadores y tres miembros de la Guardia Civil a los que la UDYCO consideró, y así lo cree también la Fiscalía, “aseguradores” de que esa actividad pudiera llevarse a cabo.

El escrito provisional trasladado por la Fiscalía, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, resume la forma en la que, presuntamente, se gestó una manera de dar salida a grandes cantidades de hachís, bien ocultas en camiones o bien en embarcaciones mediante el método del fondeo. Los investigadores creen que al menos desde 2016 la organización funcionaba “con la intención de obtener un beneficio patrimonial” con el negocio de la droga, “dedicándose tanto al tráfico de sustancias estupefacientes como al reclutamiento de agentes de las Fuerzas de Seguridad que aseguraran su actividad y posterior pago a los mismos” así como a la “compra de propiedades variadas para facilitar la ocultación de los ingresos obtenidos con la venta” de la droga.

La investigación policial seguida en Ceuta, preñada de intervenciones telefónicas y seguimientos permitidos por el Juzgado de Instrucción número 5, avanzaba de manera paralela a las que estaba realizando otro juzgado, el número 4 de Pamplona. Todas confluyeron en la seguida en nuestra ciudad, atribuyéndose a los acusados su relación hasta con tres decomisos de hachís recogidos en la causa.

El primero, fechado el 14 de enero de 2016, en el que tuvo mucho que ver el apoyo del juzgado pamplonés, que llevaría a la intervención de un camión en Algeciras, procedente de Ceuta, cargado con algo más de dos toneladas de hachís. Los dos transportistas fueron detenidos y se considera que ese pase lo llevaron a cabo “siguiendo las directrices de la organización”.

El 21 de enero de 2016 se intervinieron varios fardos fondeados en Benzú y una semirrígida con casi 140 kilos de hachís que iban a ser transportados a la península, hubo dos detenidos.

La tercera partida se intervino el 24 de febrero de 2016, también en Algeciras, otro camión con casi dos toneladas y media de hachís, tras ser desembarcado de Ceuta. El camionero también fue apresado.

Tres intervenciones en 2016 y las detenciones

Tras las intervenciones vendría, un mes después, la cadena de arrestos en Ceuta y la península que la UDYCO hiló enmarcándola en ‘la Monte’, judicializada y a la espera de la fase estelar de esta macrocausa que llegará en el momento de la apertura del juicio oral.

La treintena de acusados responden a distintos delitos. Hasta siete distintos según la acusación habida para cada uno de ellos. Contra la salud pública (con las variantes de uso de embarcación o de cantidad de extrema gravedad, según los casos), cohecho, constitución o integración en organización criminal, falsedad en documento público, revelación de secretos, blanqueo de capitales o alzamiento de bienes asoman en el expediente calificador evacuado por el Ministerio Público.

La UDYCO sitúa en el marco de las investigaciones a personas encargadas de la ocultación de la droga una vez era introducida en Ceuta, a otras que tenían como misión “afrontar los pagos” a las personas que colaboraban o facilitaban el traslado de la mercancía y habla también de vigilantes y transmisores de las “citas” (un día y una hora) a los transportistas “para que pudieran pasar sin ser inspeccionados”.

Al otro lado del Estrecho se preparaba “la logística” para la recepción del hachís, con “personas dedicadas” expresamente a ello. Llama la atención el hecho de que uno de estos ‘controladores’ hacía constantes viajes a Algeciras utilizando la documentación de un familiar al objeto de beneficiarse así del descuento de familia numerosa para no pagar por los trayectos. En esa pirámide delictiva figuran ‘vigilantes’ cuya misión era conducir las furgonetas que ‘escoltaban’ el tránsito de los camiones cargados de mercancía para alertar si surgían problemas, amén de los ‘captadores’ de clientes para colocar el hachís en la península.

Petición de penas que rozan los 30 años de prisión y un rosario de variados delitos

El Ministerio Fiscal pide, en su escrito de calificación provisional, hasta casi 30 años de prisión para uno de los tres guardias civiles que figuran como acusados. Se le relaciona con su presunta participación en delitos contra la salud pública, participación en organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes o revelación de secretos (se le acusa de haber informado vía WhatsApp a un condenado por tráfico de drogas sobre su situación policial y judicial para lo que tuvo que acceder a las bases de datos policiales). Una pena, a la que se suma la inhabilitación, y que duplica la que se solicita para los otros dos agentes de la Guardia Civil incluidos en el escrito de Acusación.

Los investigadores lo marcaron como el agente “que se encargaba de asegurar el pase de la droga sin que los vehículos fueran inspeccionados por las fuerzas de seguridad, a cambio de una cantidad de dinero” que le era entregada por otros dos miembros de la organización “siguiendo la cadena descrita”. Se considera en la investigación que “se servía” de los otros dos agentes: “Uno era el que ponía los cuadrantes con los turnos de los guardias civiles encargados de la inspección de vehículos del puerto y otro hacía omisión de sus deberes de inspección cuando los camiones cargados de hachís pasaban el control. Simulaba además una inspección ya organizada de modo que el camión que posteriormente iba a ser utilizado para el transporte de la droga era minuciosamente sometido a inspección, reduciendo así las probabilidades de que se examinara el día del pase”.

Así habría sucedido el 16 de diciembre de 2015, con el embarque de un camión. Entre los acusados figura también la mujer del principal agente investigado, de la que se indica que “era plenamente conocedora de las actividades ilícitas de su marido”.

En los registros llevados a cabo por la UDYCO en su vivienda se hallaron casi 40.000 euros en metálico, fraccionados en billetes de 500 a 10 euros, repartidos en dos cajas fuertes. En las investigaciones se concluye que “con la intención de justificar esa cantidad” se “simuló un contrato privado” para que dos personas hicieran constar que habían dado esos 40.000 euros “en concepto de señal para la compra de una vivienda de protección oficial” que disponía el matrimonio. Ese documento fue elaborado después de la detención del agente, por lo que la UDYCO apunta a que fue una operación orquestada para justificar un origen a un dinero obtenido de manera ilícita. A ese contrato se añadió una solicitud de autorización de compraventa de esa VPO elaborada ad hoc. Fiscalía entiende la existencia de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes que vincula a la pareja de compradores y al matrimonio investigado, al que añade una falsedad en documento privado. En total, algo más de 9 años de prisión.

A los acusados de tráfico de drogas y organización criminal se les pide 10 años de prisión y se contemplan penas de entre 4 y 6 años para los implicados solo en el tráfico, según si cabe uso de embarcación o de acuerdo con la cantidad que fue intervenida. En el caso de los marcados como presuntos jefes de la organización se contemplan penas de más de 20 años de privación de libertad.

En detalle

La ‘ITV’. En cuanto a la “mecánica de la organización”, había individuos que “buscaban transportistas” y con “la información” obtenida, cuadraban las fechas de la llamada ‘ITV’ como de los pases de los camiones. Con ese término se referían a la inspección minuciosa que supuestamente se le hacía con anterioridad a la carga del hachís al camión para que, después, embarcara como limpio. A su llegada a Ceuta, los transportistas traían mercancía lícita como pañales o tónica para no levantar sospechas de su labor.

La lotería de Cruz Roja. Los investigadores están seguros de que el dinero procedente de la droga se le daba salida, en parte, “comprando cupones de la Cruz Roja a terceras personas que habían obtenido premios”. Así, en la causa consta la adquisición por parte de algunos de los acusados de premios valorados en unos 17.000 euros adquiridos en los años 2014, 2015 y en 2016.