La denominaron Operación Búnker. Un golpe policial ejecutado en Ceuta, en la avenida capitán Claudio Vázquez, que se había saldado con la incautación de un arsenal de armas además de hachís, cocaína y pastillas.
Aquel despliegue de la Udyco se desarrolló en abril de 2023. Ahora, año y medio después, se ha dictado sentencia condenatoria contra los 3 acusados.
Las tornas han cambiado radicalmente porque no hay rastro ni de existencia de banda organizada ni de posesión de armas, sencillamente porque las que se encontraron estaban inutilizadas. No eran armas de fuego, como se indicó en la nota oficial que envió a los medios la Jefatura Superior. El procedimiento se ha podido seguir solo por tráfico de drogas.
Las condenas aceptadas por los tres acusados ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta han sido por la comisión de un delito contra la salud pública. Los llamados Y.B.B. y M.M.M. aceptaron una condena de 1 año y 6 meses de cárcel además del pago de 1.495 euros.
La tercera acusada, C.R.R., fue condenada a 3 meses de prisión y al pago de 20 euros de multa. En todos los casos esas penas están suspendidas, es decir, no entran en prisión, pero en el caso de la única mujer condenada tendrá que someterse a un programa de desintoxicación de drogas.
La diferencia entre las penas es que la condena a los dos primeros es por delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud. Los acusados, que no se enfrentaron a vista oral al reconocer la comisión del delito aplicándose así la figura jurídica de la conformidad, estuvieron defendidos por los abogados Néstor García León y Cristina Borrego. Inicialmente se enfrentaban a peticiones de hasta 5 años de cárcel.
Este es el punto y final a una intervención policial con resultados magnificados sobre el papel, ya que la resolución judicial dictada no ha sido acorde.
La Udyco actuó en varias viviendas ante la sospecha de que se estaba traficando con hachís, cocaína y pastillas. Así, se organizó un dispositivo de vigilancia entre los días 13, 14 y 17 de abril de 2023, comprobándose la aproximación de individuos a esas casas para la compra de droga.
Fue el 19 de abril cuando, con mandamiento judicial, la Policía irrumpió en las viviendas para proceder a la detención de los acusados.
En las distintas casas objeto de registro fueron intervenidas pastillas (trankimazin, diazepan, alprazolan, clonazepam…), cogollos de marihuana, diversas cantidades de hachís, 9 papelinas de cocaína, dinero y una báscula de precisión, entre otros elementos.
También armas, pero no aptas para el disparo. Se constató que ese famoso arsenal no era más que una carabina marca Gamo de aire comprimido cuya tenencia es libre de uso domiciliario para adultos, así como una pistola modelo G5 que no estaba capacitada para el disparo.
Ahí está la clave, ya que inicialmente la Policía reseñó a la prensa que en las viviendas objeto de registro se habían intervenido armas de fuego. Tras los informes periciales encargados se constató que no podían tener esa finalidad.
La llamativa operación policial terminó siendo portada en todos los medios de comunicación, participando en la redada tanto agentes de la UIP, como de UPR y guías caninos para respaldar la acción investigadora de la Udyco.
Atrás queda el operativo con decenas de agentes participantes que llegó a paralizar la actividad en el entorno de Los Rosales, a la altura de la antigua prisión. Se actuaba en viviendas sobre las que se tenía información de venta de droga en pequeñas cantidades, algo que constataron los agentes al verificar que quienes salían de esas casas lo hacían con sustancias estupefacientes.
Los tres únicos acusados que se han sentado en el banquillo reconocieron su implicación en el tráfico de drogas aceptando las penas acordadas entre el Ministerio Fiscal y las defensas.
Esto evitó que la hilera de agentes de la Policía Nacional citados para la vista tuvieran que prestar declaración.
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