El único escudo que Andalucía ha tenido a lo largo de la mayor parte de su historia para todo su territorio es el actual, elegido por Blas Infante en 1918, inspirándose en el de Cádiz, donde en tiempos primitivos Tartessos fue cabecera del pueblo andaluz. En dicho escudo aparece representado Hércules con las dos columnas que simbolizan la separación de las dos montañas -Calpe y Abila-, para poner en comunicación el Atlántico con el Mediterráneo. ¿Por qué este escudo solo atañe a una de las ocho provincias andaluzas y aparece en él representado el estrecho de Gibraltar? Seguramente porque el ideario de Infante abarcaba la que denominaba “Federación de Estados Andaluces del Norte y del Sur del Estrecho”. Sin embargo, este retórico simbolismo y sus pretendidas aspiraciones no se invocaron al convocarse la Asamblea de Parlamentarios andaluces con el fin de organizar el acceso a la autonomía de Andalucía. La opción de integrarse las ciudades de Ceuta y Melilla en Andalucía solo se planteó durante aquellos años de la Transición, pero, al no posibilitarse, dejó una huella indeleble en los habitantes del lado africano, que se sintieron agraviados al comprobar que su fuerte arraigo histórico con Andalucía no era considerado. Todo comenzó poco después de la celebración de las primeras elecciones democráticas, cuando los diputados y senadores andaluces elegidos, se reunieron el 12 de julio de 1977 en la Diputación provincial de Sevilla, constituyendo una Asamblea con el objetivo de alcanzar un planteamiento autonómico para Andalucía.
"UCD se mostraba contraria a un modelo de descentralización que equipararse con los territorios históricos al resto de las regiones"
Los diputados y senadores de Ceuta y Melilla no fueron convocados, pero al día siguiente recibieron un comunicado de la UCD de Andalucía, en el que se les decía que habían “surgido dificultades debidas al planteamiento diferente de la posición de los parlamentarios de Ceuta y Melilla en dicha Asamblea”. El PSOE, el PCE y el PSP condicionaban su participación a su “no intervención en la petición de autonomía para la región”, aunque podían presentar peticiones en relación con el régimen especial de Ceuta y Melilla. Por su parte, UCD reclamó que su participación fuera en condiciones de igualdad. Los parlamentarios ceutíes, junto con los de Melilla, sin previos debates ni dictámenes sobre su interés o beneficio, propugnaron en ese momento que ambas ciudades estuviesen integradas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y, consecuentemente, sus parlamentarios en la Asamblea. Su propuesta se basaba en que “se encuadrasen en la nueva estructura regional española y concretamente en la andaluza porque lo que era incuestionable era que Ceuta y Melilla no pueden quedar descolgadas de dicha estructura”. A finales de agosto, la Asamblea se reunió en Torremolinos y se estudió la declaración de los parlamentarios de Ceuta y Melilla. UCD reafirmó el carácter inequívocamente andaluz de ambas ciudades, pero el resto de los partidos se opusieron. “En la pugna por obtener la mayoría, el futuro de Ceuta y Melilla divide a los parlamentarios andaluces”, comentaba El País. Efectivamente, este aspecto esencial fue al parecer el desencadenante del desencuentro. Dos datos explican la situación de manera concluyente: en primer lugar, el equilibrio de fuerzas entre las posiciones políticas y, en segundo, la diferente concepción que sobre el acceso a la autonomía les separaban en aquellos momentos, cuando aún no funcionaba el consenso para la redacción de la Constitución. Sin la participación de los dos diputados y cuatro senadores que en conjunto suponían los parlamentarios de Ceuta y Melilla, UCD solo tenía 38 miembros frente a los 43 de la izquierda (37 PSOE, 1 PSP y 5 PCE); con los miembros de Ceuta y Melilla, la relación de fuerzas daba un vuelco y aportaba la mayoría de 44 parlamentarios a UCD frente a los 43 que seguía manteniendo la izquierda. Elegir una u otra opción, determinaba cómo se decantarían las decisiones. En aquellos momentos de la Transición, cuando aún no estaba elaborada la Constitución, UCD se mostraba contraria a un modelo de descentralización que equiparase con los territorios históricos al resto de las regiones. Concebía la organización territorial de España como una descentralización parcial del Estado. Por el contrario, los socialistas, con fuerte implantación en Andalucía, creían que esta tenía que disfrutar de un poder equivalente al de las nacionalidades históricas. Era su feudo con mayor implantación y su estrategia política pasaba esencialmente por reforzarlo. La cuestión de Ceuta y Melilla no era tan relevante para ellos y entendían que podría haber otro tipo de solución al margen de la autonomía andaluza. En Ceuta, donde aún no se había considerado una aspiración a la autonomía, esta pugna despertó la suposición de que podían verse aislados, al margen de cualquier región, y eso contribuyó a reforzar los temores. La cuestión hacía que saltaran las alarmas y que se fuera despertando un sentimiento contrariado por su identidad, que repercutía sobre su miedo a ser abandonada y avivaba la inseguridad sobre su futuro. Este conjunto de circunstancias, junto a varios desafortunados artículos que se publicaron en la prensa española, movilizaron la primera gran manifestación que en Ceuta se celebró durante la Transición. El 3 de septiembre de 1977 bajo el lema “¡¡Esto es España!!”, se concentró una multitud de ceutíes. Los parlamentarios de Ceuta trataron de serenar la inquietud, declarando que “UCD y el Gobierno son nuestros valedores”. Y no les faltaba razón. Los parlamentarios andaluces de UCD siguieron ratificando su posición de incorporarles en el futuro al Estatuto andaluz, y los de Ceuta y Melilla pidieron a las Cortes el reconocimiento constitucional de su derecho a la regionalización andaluza. El gobierno de UCD fue cumpliendo su compromiso durante el periodo constituyente, haciendo explícita esta posición en la aprobación del Real Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril, que aprobaba el régimen preautonómico de Andalucía, cuya Exposición de motivos decía: “La aprobación del régimen preautonómico de Andalucía, establecido antes de la Constitución, en nada prejuzga el contenido de esta, ni tampoco la posibilidad de que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan incorporarse al futuro régimen andaluz de autonomía si así se decide a través del procedimiento que determine la Constitución” (BOE número 101, de 28 de abril de 1978) Esta opción, a pesar de la radical controversia suscitada por la pugna de los parlamentarios andaluces, estuvo latente durante todo el proceso constituyente, durante el cual se produjeron las negociaciones para dar respuesta a la cuestión de Ceuta y Melilla e incluir sus demandas en la Constitución. Sin embargo, no he encontrado ningún debate, artículo o informe, que durante este periodo analizara los efectos de la integración de Ceuta en Andalucía. En todo caso, Ceuta habría estado por detrás de veinte o más ciudades andaluzas con mayor población, no habría dispuesto de un Delegado del Gobierno con el que tratar directamente las relaciones con el Estado, sus reclamaciones habrían tenido que pasar y ser asumidas por Sevilla, los servicios públicos se habrían compartido con Algeciras o con otras poblaciones cercanas (si cruzar el Estrecho se puede considerar así), los representantes ceutíes en el Parlamento andaluz serían una escasa minoría, y un largo etcétera que nunca he visto evaluado. Por otro lado, no hay que olvidar que la Constitución de 1931 en su artículo 8º establecía que “Los territorios de soberanía del norte de África se organizan en régimen autónomo en relación directa con el Poder central”. Y en aquella época las cosas se meditaban y se debatían.