España debe acabar con la práctica de las devoluciones en caliente de niños necesitados de protección internacional y establecer unos centros de recepción adecuados para los menores de edad, según ha solicitado del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño.
El pasado 22 de enero, España se sometió al escrutinio de dicho Comité, y tras la evaluación de la aplicación que el país hace de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, ese órgano redactó unas conclusiones.
En ellas, los miembros del Comité especifican que están "preocupados por la práctica de los rechazos automáticos en frontera de niños necesitados de protección internacional en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sin las garantías necesarias".
Es por ello que pide a las autoridades españolas que "acaben con la práctica" de las devoluciones en caliente de algunos niños, "asegurándose que todos los procedimientos y estándares son acordes a su estatus de niños y con la legislación nacional e internacional".
Asimismo, el Comité expresa su "seria preocupación" por el hecho de que la legislación española permita a la Fiscalía llevar a cabo procedimientos para determinar la edad de niños extranjeros no acompañadas.
"El Comité está preocupado por el uso de métodos de determinación de la edad intrusivos, incluso en casos donde los documentos de identidad parecen auténticos, particularmente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a pesar de varias decisiones del Tribunal Supremo".
"Muchas veces la determinación de la edad se hace automáticamente incluso cuando hay documentos que prueban que es menor, y estos procedimientos son intrusivos, y además se sabe que estos nunca son precisos, y hay niños que son tratados como adultos cuando no lo son", afirmó en una rueda de prensa uno de los miembros del Comité, Gehad Madi.
Por su parte, otro experto, Luis Pedernera, agregó que el problema consiste en que mientras se lleva a cabo la determinación de la edad, los supuestos menores son internados junto con los adultos, "lo que es un tema de mucha preocupación".
Otro de los puntos destacados por los expertos es la posibilidad de que los niños que son excluidos de protección tras haber pasado por un procedimiento de determinación de la edad puedan caer en las redes de trata de personas.
En este sentido mostraron su preocupación por unos cien niños no acompañados en situación de calle en los puertos de Ceuta y Melilla.
Es por ello que piden a las autoridades españolas que "aseguren la efectiva protección legal de los niños no acompañados en todo el territorio y que se aseguren que el principio de la no devolución se aplique, y que la primera consideración sea el interés del niño".
Además, el Comité denuncia los "altos niveles de violencia, y tratamiento y protección inadecuados por parte de los profesionales de los centros de recepción para niños, incluyendo alegaciones de prostitución de niñas, acceso insuficiente a la educación regular y a actividades de ocio y la falta de un mecanismo de quejas".
"Algunos de los centros para niños no acompañados realmente no cumplen con los estándares. Los centros están abarrotados, el doble de su capacidad, esto debe cambiar", urgió Madi.
Es por ello que los miembros del Comité solicitan a España que se establezcan "instalaciones adecuadas para niños, especialmente en Ceuta y Melilla, y para los niños que lleguen por mar a las costas andaluzas".
"Urgimos a que desarrollen mecanismos para recibir y tratar quejas de niños en centros de protección, se tomen las medidas necesarias para evitar casos de malos tratos y se investigue cualquier denuncia al respecto".
Asimismo, "urgen" a España a que facilite el acceso justo y eficiente a los procedimientos de asilo para niños que necesiten protección internacional.
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