Un informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, avisa del “hostigamiento” a defensores de los derechos humanos, mencionando concretamente a la activista Helena Maleno. El informe titulado Salvar vidas no es delito, fechado el pasado 7 de agosto, ha sido remitido a la Asamblea General de la ONU. En él, la relatora especial expone “la criminalización y los ataques de que son objeto los servicios y los agentes humanitarios” como resultado de actividades de disuasión de la migración, entre otras cosas. La relatora sostiene que “al obstaculizar la prestación de servicios indispensables para salvar vidas y al criminalizar los actos de solidaridad, los Estados violan normas fundamentales del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”. “Los Estados están hostigando a las personas que participan en las actividades de búsqueda y salvamento”, señala la relatora. A su juicio, para conseguir esa criminalización “se lanzan acusaciones a esas ONG de colusión con las redes de traficantes”. En este punto, se recuerda el caso de Maleno, quien está siendo investigada en Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo de España para avisar de pateras en el mar por si pudieran constituir un delito de tráfico de seres humanos. En este punto, se recuerda el caso de Maleno, quien está siendo investigada en Marruecos por sus llamadas a Salvamento Marítimo de España para avisar de pateras en el mar por si pudieran constituir un delito de tráfico de seres humanos. Seguidamente, la relatora añade que "hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente ninguna prueba que indique que los agentes humanitarios que han sido denunciados se hayan confabulado con los traficantes". "Todo indica que los funcionarios del Gobierno acosan a los agentes humanitarios con investigaciones y denuncias procesales sin fundamento para convencerlos y convencer a otros de abandonar su labor", sostiene.
"Responsabilidad indirecta de las muertes"
"Lo que dice es que los Estados, ante la falta de apoyo a estas personas que ofrecen ayuda humanitaria o a través de su criminalización, lo que tienen es una responsabilidad indirecta en la muerte de estas personas, son muertes extrajudiciales", recalca la abogada de Women's Link Gema Fernández en declaraciones a Europa Press. Según ha explicado "no es habitual" pero "no es la primera vez" que este tipo de informes mencionan casos puntuales de activista. En este sentido, ha recordado un informe de marzo de este año del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien también expresó preocupación de forma concreta por el caso de la activista española.