La
Delegación del Gobierno en Ceuta alegó en febrero de 2022, cuando recibió el primer varapalo
judicial a su gestión de las
expulsiones a
Marruecos de parte de los
menores no acompañados que habían llegado a la ciudad en mayo, que en todo caso cumpliría el mandato que le impuso el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad cuando fuese firme. El contra magistrado estimó los recursos interpuestos por la Coordinadora de Barrios y ordenó a la institución de la plaza de los Reyes que parase las repatriaciones por la vía de hecho y adoptase “las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados”.
Ejecución al juzgado local
La letrada de la oenegé, Patricia Fernández, ha explicado este lunes tras conocer el
veredicto del Supremo que ratifica aquella primera resolución de primera instancia y la posterior del TSJA que ahora se solicitará la ejecución de sentencia al Juzgado local, aunque no será posible pedir que sus consecuencias se extiendan a los 55 expulsados en agosto de 2021. “La extensión de efectos solo se prevé para casos de funcionarios públicos idénticos aunque no hayan litigado, pero no se predica para otros llevados por personas individuales”, ha indicado la abogada. Al menos media docena de los más de medio centenar niños migrantes solos deportados por la Delegación del Gobierno y la Ciudad al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería y su Reglamento de desarrollo ya han logrado volver a territorio nacional por sus propios medios, entre ellos alguno de los que entablaron acciones judiciales por su expulsión exprés. En junio de 2022 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó los recursos de la Ciudad y la Delegación contra el primer veredicto en su contra, a pesar de lo cual llegaron al Supremo.