Nueva etapa en las relaciones bilaterales marroquíes-españolas a costa de los exiliados. Así se expresan las ONG que forman Migreurop y EuroMed Rights, que cuenta con el apoyo de Association Adala, pour le droit à un procès équitable; le Collectif des Communautés Subsahariennes au Maroc CCSM; y Caminando Fronteras al comunicado de prensa en el que sostienen que España y Marruecos renuevan su cooperación en materia de seguridad vinculado delincuencia organizada e inmigración irregular. El acuerdo de cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, elaborado entre ambos países en febrero de 2019, entrará en vigor el 30 de abril de 2022. Este pacto, basado en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre los reinos de España y de Marruecos, firmado en Rabat el 4 de julio de 1991, representa una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países. Migreurop y Euromed Rights denuncian el contenido del acuerdo entre España y Marruecos sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, que ancla la migración en una lógica de securitización, que sólo puede llevar a más violaciones de derechos en las fronteras. Tras meses de "disputas" en un contexto de "crisis diplomática", los dos países renuevan sus relaciones reforzando sus políticas de "securitización fronterizas", en línea con las políticas migratorias europeas, "que criminalizan" cada vez más el proceso migratorio. España, por su parte, aseguran las entidades firmantes, sigue "externalizando" su frontera sur en estrecha colaboración con su vecino marroquí, "consolidando así un espacio de violación de derechos". "No es la primera vez que se asocia la llamada inmigración irregular con la delincuencia organizada", denuncia esta unión de asociaciones. El efecto de los atentados ocurridos en el mundo en los últimos años (2001, 2015, 2016), a su juicio, ha permitido "legitimar el refuerzo de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y asociarles a los controles en las fronteras exteriores de la Unión europea".
Un acuerdo con una redacción "ambigua y poco clara"
Para este conglomerado de ONG, el artículo 1.2 es especialmente preocupante porque equipara las "acciones delictivas" (punto f) con el "tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal", sin especificar que la "inmigración ilegal por sí no puede ser un delito en los países europeos. Además, a diferencia de la trata de seres humanos, la migración no es un delito y ambos conceptos no deben combinarse en el texto". Por otra parte, a su entender, el hecho "de que no se aclare el papel de los traficantes o de los grupos organizados que se benefician de la migración irregular o la facilitan, abre la puerta a diferentes interpretaciones sesgadas, que no garantizan el respeto de los derechos humanos en las fronteras". Igualmente preocupante para estas entidades es el artículo 2 (letra a), ya que integra la identificación y búsqueda de personas desaparecidas "en un proceso de lucha contra la delincuencia, a pesar de que solo deberían ser mencionadas en los convenios de salvamento".