Decían de la infantería napoleónica que nunca había retrocedido ante el enemigo, ya que dar media vuelta y avanzar velozmente en sentido contrario no era un retroceso. Es lo que denomino el retro progresismo, línea maestra de la política española del Felón que nos gobierna, da media vuelta frente a todas las políticas de progreso y avanza velozmente hacia el tercer mundo comunista, lo que nos lleva a retroceder en todos los ámbitos, entre ellos el de la propiedad, y su cáncer, el fenómeno “okupa”, que lo mismo afecta a la propiedad inmobiliaria, privada y pública, a la intelectual , y a todas las instituciones que conforman el Estado, propiedad de todos los españoles.
El fenómeno del “okupa inmobiliario”, que está integrado por usurpadores de una propiedad de la que toman posesión generalmente haciendo uso de la fuerza y sin consentimiento del propietario, se está convirtiendo a marchas forzadas en un grave problema social cuando debería ser dominio exclusivamente del ámbito penal, sin embargo las políticas del actual gobierno social comunista y , consecuentemente, retro progresista alimentan dicho fenómeno esperando los votos de los “okupadores”, sin apreciar que ya es una verdadera mafia que responde a otros intereses. Ninguno de los aspectos , penal y social se quieren solucionar por estar en el credo social comunista, así el penal no se soluciona y el social se prolonga.
Nuestra Constitución defiende la propiedad privada como uno de los derechos fundamentales. Según el artículo 33 .1 “Se reconoce el derecho a la propiedad privada” y en su apartado 3: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.” ¿Por qué la ley entonces no persigue a aquél que se apropia por medios ilegales de una propiedad que no es suya? La responsabilidad de esta indefensión recae íntegramente en el Estado en su totalidad, Gobierno, Poder Legislativo y Poder Judicial, por su total inacción en todos los órdenes en los que son competentes.
Los bolcheviques (“la mayoría” en ruso) veían mal al propietario, eran los años 1920 y 1930, tan mal que lo eliminaron físicamente. Hoy día los bolcheviques se han convertido en “okupas”; el problema podría ser resuelto sencillamente si un “okupa” nada más ser denunciado, fuera desalojado de esa propiedad obtenida ilegalmente, multado y preso, de forma que el castigo fuera suficiente para que no volviera a reincidir, diríamos que tendríamos una protección legal adecuada. La ausencia de la Policía en el origen de la ocupación ilegal, la lentitud de la Justicia, el amparo a las denominadas personas vulnerables que no debe recaer en los propietarios de los inmuebles usurpados sino en los poderes públicos, la violencia en el desposeimiento del bien , el enorme perjuicio causado al propietario unido a los daños causados durante la posesión de los “okupantes”, agudiza el problema y es del todo incomprensible que los legisladores no se hayan ocupado todavía de este grave problema que ha sido transferido íntegramente a los ciudadanos ante la inacción total de todas las autoridades.
El problema se ha extendido a la usurpación de locales comerciales y los usurpadores no respetan ni siquiera a los agentes del orden. La semana pasada , según una noticia aparecidas en los periódicos, un agente de la policía local de Piera fue objeto de una brutal agresión por parte de dos usurpadores “okupas” que lo atacaron en su bar para hacerse con el control del local, situado en Hospitalet de Llobregat, pese a que éste se identificó como policía fuera de servicio. Le agredieron salvajemente utilizando un machete y un martillo, le abrieron la cabeza con un golpe de martillo y le clavaron varios machetazos, cortándole parcialmente el brazo. Permanece hospitalizado en estado crítico. El Juez, magnánimo él porque no le han abierto el cráneo a él, ha decretado la libertad de los usurpadores ,sólo les imputa un posible delito de lesiones y no uno de homicidio doloso o de atentado contra un agente de la autoridad; la familia, como cualquier persona decente , está sorprendida por la decisión del juez. A ver si a la Justicia se le cae de vez en cuando la venda de los ojos, al decir del común de los mortales, porque ciega parece que no funciona.
En los países vecinos el problema de la ”okupación” se resuelve con mucha mayor rapidez que en España, que puede llegar a los tres años, porque en España es que sencillamente, no se quiere resolver. En Francia, ocupar una vivienda ilegalmente se castiga con un año de prisión y una multa de 15.000 euros. En el caso en que se haya realizado en menos de 48 horas, el propietario puede avisar a la Policía, que está autorizada a expulsar a los intrusos de inmediato, sin necesidad de contar con el permiso de un juez. De haber pasado más de este plazo de tiempo, el propietario sí que tendría que denunciar, pudiendo desalojarles cuando lo autorice un juez, aunque suele ser un proceso ágil. En Alemania tras denunciar la “okupación”, el desalojo se produce en 24 horas. La ocupación de viviendas de forma ilegal se castiga con penas de cárcel de un año que puede estar acompañado de multa. De tratarse de una multitud o se produzca un uso de la violencia, la pena de prisión podría aumentar hasta los dos años. En el Reino Unido, se castiga con penas máximas de 51 semanas de cárcel y multas de 5.000 libras. La Policía puede entrar a la vivienda si tiene sospechas de que está siendo ocupada, sin necesidad de autorización judicial. Finalmente en Italia, los propietarios deben denunciar ante la Policía, celebrándose después un juicio rápido por el que los agentes pueden proceder a la expulsión. La “okupación” se castiga con una pena máxima de dos años de prisión y una multa de entre los 103 a los 1.032 euros, aunque puede incrementarse si se hizo uso de la violencia o los “okupas” van armados. Vemos pues que , en general, salvo en Italia que , hasta hora ,estaba tan ciega como España tiene fácil solución. Pero Italia también ha despertado con la llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros de Giorgia Meloni , ya que ha anunciado que su Gobierno ha iniciado una «guerra» contra la ocupación ilegal. «La era en la que el Estado miraba hacia otro lado ante la ilegalidad ha terminado». «Los edificios de protección oficial deben ir a los necesitados, no a familias criminales; deben ir a familias que no tienen posibilidad de tener una vivienda y que muchas veces se encuentran durmiendo debajo de un puente porque la vivienda social está ocupada por familias criminales». La presidente del Ejecutivo italiano señaló que en su país se ha comenzado a hacer “lo que no se hacía: proceder con el desalojo de viviendas ilegales”.
"El fenómeno del “okupa inmobiliario”, se está convirtiendo a marchas forzadas en un grave problema social cuando debería ser dominio exclusivamente del ámbito penal, sin embargo las políticas del actual gobierno social comunista y , consecuentemente, retroprogresista alimentan dicho fenómeno esperando los votos de los “okupadores”, sin apreciar que ya es una verdadera mafia que responde a otros intereses"
Vemos pues que España es el único país que protege la ocupación ilegal de viviendas; con la ley actual de Enjuiciamiento Civil, la Policía solo puede desalojar a los “okupas” si sorprenden a los ocupantes en el acto, lo que se conoce como delito flagrante. Una vez que entren y cambien la cerradura, hay que solicitar una orden judicial de desalojo a través de una demanda civil de desahucio. Una vez que están los “okupas” dentro, es realmente difícil echarlos. A partir de este momento empieza un procedimiento judicial enrevesado que se puede alargar hasta tres años, como antes hemos citado. No solo se pierde la vivienda, sino todo el dinero que supone mantenerla: el propietario tiene que seguir pagando los suministros (agua, luz…), impuestos y gastos de la comunidad. A esto se le podría unir la hipoteca, en caso de estar envuelto en un préstamo hipotecario.
El problema tiene fácil solución si se le otorga a la Policía la competencia para el desalojo ante una denuncia temprana en las 48 horas de la ocupación ilegal, sin necesitar un juez, en esta primera instancia, al que se le ocurra pensar, sencillamente porque no hay nada que pensar, posteriormente el juicio servirá para indemnizar al propietario por los daños causado y en su caso la prisión para el ilegal con una pena que debe ser severa para que la “okupación” se aleje de nuestra sociedad.
Cruzando del ámbito penal al social, de acuerdo con el art.47 de la CE: “Todos los españoles tiene el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, como el art.35 “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. Pero tanto el derecho a una vivienda digna como el derecho al trabajo no significan que los poderes públicos tengan la obligación de proporcionar una vivienda o un trabajo a cada uno de los ciudadanos. Sí que deben desarrollar políticas para que ambos derechos, el de la vivienda digna y el del trabajo sean conseguidos por toda la ciudadanía, si ello fuera posible. En todo caso son los poderes públicos los encargados de ese objetivo. Pero en el caso de la “vivienda digna” resulta que, por ejemplo, los ayuntamientos no tienen interés en disminuir el precio del suelo, porque sus presupuestos se alimentan en gran parte de la venta de terrenos de propiedad municipal o que han sido adquiridos vía expropiación con tal finalidad, así se encarece el suelo al reducirse la oferta. Como ni el suelo es barato ni la construcción económica, los objetivos proclamados en la CE para la mayoría de las instituciones públicas competentes en esa materia, son difíciles de lograr, pero son esas instituciones las que están en primera línea para atender las necesidades de amparo. Sin embargo al prolongar la “okupación” se traslada al propietario privado una carga que no debe asumir bajo ningún concepto y que debe ser asumida íntegramente por el poder público. En realidad la “okupación” es el método usado por el social comunismo retro progresista para tapar la falta de vivienda social. Son escandalosos los casos de los “okupas” que solicitan y consiguen, incluso con el beneplácito de jueces, el empadronamiento en la propiedad ocupada con la aprobación de los ayuntamientos, pensando esos Alcaldes que serán votos cautivos, mientras los propietarios afectados tienen que querellarse contra el Ayuntamiento respectivo.
En realidad la “okupación” de viviendas y locales no es más que una rama más de las políticas de los partidos social comunistas y separatista que han “okupado”, esta vez para provecho propio, todas las instituciones del Estado, ministerios y puestos de la Administración General del Estado aumentando el número de personal interino y de asesores, innecesarios. Este autócrata, el presidente más nefasto que se conoce desde que la democracia rige en España, con los apoyos, según las circunstancias , de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Congreso y el Senado , ha conseguido imponer su política cultural con una serie de leyes aberrantes, además de indultar a golpistas, sacar de sus celdas a terroristas, suprimir la sedición , rebajar la penas por malversación y despreciando el anterior Código Penal , soltar a violadores y pederastas. Él es el verdadero “okupa”, esperemos que con la ley electoral pueda ser desalojado sin tener que llamar a la Policía.