El Ejecutivo de Ceuta que preside Juan Vivas prevé abordar “en fechas próximas” en el Consejo de Gobierno una propuesta relativa a “la organización de la oficina del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los medios humanos que necesitará”.
Según han indicado fuentes de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, “el objetivo es poder contar con determinados perfiles profesionales, entre ellos los de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero de edificación, auxiliar administrativo, economista y jurídico”.
El Gobierno de Ceuta se comprometió tras las elecciones municipales de mayo de 2023 a crear una oficina para el desarrollo del nuevo PGOU, en vigor desde el pasado 24 de enero.
Entre sus prioridades para el inicio de la presente legislatura también se incluyó adoptar “medidas, incluida una posible reforma legal, para agilizar la concesión de licencias y ser más eficaces en la lucha contra la edificación ilegal”.
Diseñar “la actuación urbanística a llevar a cabo, de acuerdo con las previsiones del nuevo PGOU, en la zona comprendida por paseo de Colón, plaza Rafael Gilbert, Patio Hachuel y antiguo cine Cervantes” fue otro de los objetivos señalados por el Ejecutivo del PP para los primeros meses de gobierno.
“Aunque aún es prematuro realizar una valoración en profundidad y, por tanto, cuantificar, la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos sí ha notado un incremento en cuanto a consultas, peticiones de informaciones urbanísticas y solicitudes de licencias desde la entrada en vigor del nuevo Plan General”, han apuntado desde el departamento que dirige Alejandro Ramírez.
Actualmente la Construcción cuenta en la ciudad con 1.424 cotizantes a la Seguridad Social (1.193 por cuenta ajena y 231 autónomos). El sector tocó suelo en términos de empleo con el comienzo de la pandemia, cuando solamente mantenía a 1.102 trabajadores, muy lejos de los más de 2.400 con los que contaba a finales de la década pasada. La crisis posterior redujo su número por debajo de 1.100 y no volvió a superar los 1.400 hasta el verano pasado.
Los redactores del nuevo PGOU han apostado por una estrategia “de crecimiento centrípeto” para consolidar “una ciudad media prestadora de servicios cualificados y de calidad, con capacidad para ofrecerse como espacio atractivo, para vivir, para visitar o para invertir, a ciudadanos y empresas de regiones urbanas próximas”.
Su apuesta pasa por “priorizar la utilización de las bolsas de suelo disponibles en el suelo urbano con carácter previo a la clasificación de suelo urbanizable”. Así se podrá “garantizar al máximo la salvaguarda de los valores naturales del monte Hacho y García Aldave” y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para la construcción de 8.158 viviendas, un 48% protegidas.
La ejecución del documento dejará la ciudad con un 60,2% de superficie no urbanizable (en el PGOU anterior se quedaba en un 59,8% con 1.185 hectáreas), un 36,9% de suelo urbano (730,7 hectáreas incluida la ampliación del puerto en terrenos ganados al mar) y un 2,8% de terrenos urbanizables.
Los litorales norte y sur de la ciudad se definen como nuevos “espacios de oportunidad” y el borde sudoeste queda como principal vector de expansión “en consonancia con las nuevas grandes instalaciones de Defensa e Instituciones Penitencias”. En conjunto, el entorno de la frontera y el Puerto aparecen señalados como “los dos polos de actividad económica de la ciudad”.
El documento persigue “establecer la continuidad urbana de tejidos colindantes mediante la creación de conexiones que faciliten la movilidad de proximidad entre barriadas” y “crear nuevas áreas de centralidad en enclaves hoy vacíos u ocupados por instalaciones militares obsoletas”.
El nuevo Plan General prevé contribuir a la creación durante los próximos 8 años de casi 3.000 puestos de trabajo directos, sobre todo en las zonas de la periferia en las que ubica sus actuaciones urbanísticas con más potencial en lo que a la generación de empleos se refiere: Loma de las Lanzas (393), el Príncipe (343), Huerta Solís (272), Cepsa (200), Arcos Quebrados (174), Benzú (147), el pantano del Infierno (130) y Arroyo Paneque (113).
El PGOU es el instrumento de ordenación integral del territorio y, a tal efecto, define los elementos básicos de la estructura general del territorio y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además, delimita las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo, y especifica los deberes que condicionan su efectividad y ejercicio.
Las actuaciones urbanísticas proyectadas en Loma de las Lanzas, el Príncipe Alfonso, Huerta Solís, la factoría de Cepsa en Benítez, Arcos Quebrados, los embalses y Benzú son las que tienen mayor potencial generador de nuevos puestos de trabajo en la ciudad. El coste de ejecución del nuevo PGOU se cifra en 60,2 millones en los ocho años de duración que establece el documento.
La mayor parte deberá ir destinada a la adquisición de casi 178.000 metros cuadrados de suelo (44,3 millones) y el resto a proyectos y ejecución (salvo en los equipamientos, que entran en el ámbito de las obras de edificación), según las estimaciones que contempla el propio documento aprobado en diciembre.
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