Un oficial y dos policías, privados de libertad en Martil tras la muerte de un joven

El defensor de unos agentes de Policía presuntamente involucrados en el caso de la muerte de una persona bajo custodia policial en Martil presentó una queja al Fiscal General, argumentando que la decisión tomada por el primer fiscal adjunto en la Corte de Apelaciones de Tetuán en este caso "constituye una violación de las autoridades de la institución de investigación".

El defensor afirmó que la decisión del "primer fiscal de prohibir al director de la prisión ejecutar una orden judicial emitida por una institución judicial independiente constituye un grave error sujeto a responsabilidad legal", y que "mantener a los acusados bajo custodia después de que se emitió una orden equivale a mantenerlos como detenidos provisionales en libertad condicional final, lo que implica una detención arbitraria que viola los derechos y libertades de los involucrados, protegidos por el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal".

La orden de liberación emitida por el juez de instrucción no fue ejecutada debido a una objeción presentada por el primer fiscal adjunto.

Esa decisión fue la de prohibir la liberación de dos agentes de Policía implicados en este caso lo que ha generado un gran debate después de que el juez a cargo de la investigación en la Corte de Apelaciones, Cámara Primera, emitiera una orden el 25 de diciembre pasado para remitir el caso a la Cámara de lo Penal de Primera Instancia.

Todo ello después de la readaptación que estableció en su veredicto que se procesaría a un oficial de Policía por los delitos de violencia injustificada contra una persona, falsificación y destrucción de documento oficial, y ordenó su arresto e intercambio a la Cámara de lo Penal de Primera Instancia, mientras que decidió procesar a otros dos por el delito de violencia injustificada contra una persona y ordenó su liberación inmediata a menos que estén detenidos por otro caso y los remitió en libertad a la Cámara de lo Penal de Primera Instancia.

La defensa afirmó que el subfiscal general alegó que "su objeción a la ejecución de la orden de liberación se basa en su apelación" y que "atribuir la competencia de decidir sobre la situación del acusado detenido al juez de instrucción en su orden de remisión, describe legalmente el hecho objeto de la solicitud de investigación".