Las
entidades que pidieron a la Justicia la paralización de las devoluciones de
menores migrantes desde Ceuta han expresado su satisfacción, porque
el auto del juzgado que este martes ha ratificado la suspensión de las
repatriaciones establece que no puede haber excepciones en la protección de la infancia.
La abogada de la Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha afirmado que "el auto reconoce que ni el marco normativo de protección a la infancia ni los derechos de los niños y niñas admiten excepciones". Por ello, añade en un comunicado, "en este momento urge el compromiso de todas las instituciones del Estado para garantizar la mejor atención a estos niños, con pleno reconocimiento de sus derechos y satisfacción de sus necesidades". En la misma línea, la abogada de la Fundación Raíces, Paloma García de Viedma, ha señalado que "todas las justificaciones que las distintas Administraciones han ido dando desde el pasado viernes han sido desestimadas por el Juzgado" y ahora solo cabe "esperar que reconozcan el error y, a partir de este momento, actúen respetando escrupulosamente los derechos de estos niños". "Para la protección de todos estos menores, especialmente de los cientos que por miedo a ser expulsados a Marruecos han huido de los recursos de protección durante los últimos días, pedimos al Gobierno de Ceuta y a la Delegación de Gobierno en Ceuta que pongan fin a estas repatriaciones sin garantías y aseguren una protección digna a todos los niños y niñas", ha subrayado en el mismo comunicado. La Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces han destacado del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta sus afirmaciones en cuanto a que en la actuación de la Administración en este caso "no consta que se haya cumplido con ninguno de los preceptivos trámites". "No se ha aportado -concreta el auto- información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir ésta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal". También han valorado ambas entidades que el juzgado precisa al respecto que "en modo alguno" puede "entenderse que cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar", asó como que la decisión judicial observa que "tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible". Las dos organizaciones subrayan asimismo que, frente a la justificación utilizada por la Abogacía del Estado para defender las repatriaciones "sin garantías" -dice- sobre la base de la situación de excepcionalidad vivida en Ceuta desde el pasado 17 de mayo, la jueza entiende que, "en el presente caso, la legislación española no introduce excepción alguna en la tramitación del procedimiento". De la misma forma, se felicitan de que el juzgado indica que el "incumplimiento" de los trámites "genera indefensión en los menores" y que entiende que "se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental recogido en el artículo 24 de Constitución Española".
Red Española de inmigración aboga por un pacto de Estado por la “infancia migrante”
Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha reclamado a Pedro Sánchez y a Juan Vivas que aprovechen la reunión de este miércoles para sentar las bases que permitan desarrollar un pacto de Estado por la “infancia migrante” y renuncien a llevar a cabo las devoluciones de los menores. Para ellos, el juzgado se ha limitado a “reconocer la evidencia: no se ha seguido ningún protocolo ni procedimiento para las repatriaciones que se han acometido hasta la fecha”. Por ello, exigió a Sánchez y a Vivas que aprovechen su encuentro para poner en marcha, en colaboración con las áreas de infancia y otros organismos como el Ministerio de Igualdad, un marco que permita forjar un pacto de Estado por la “infancia migrante”. Este pacto, explicó la Red Española de Inmigración, debería servir para que, “sin perder la tutela la comunidad autónoma inicial, donde se detecte un menor migrante sin referente familiar, pueda habilitar el traslado a otro centro que seguiría siendo propio”, así como que “el Estado financie plazas en otros territorios diferentes del de origen”, sin menoscabo de “la colaboración y diálogo con las comunidades autónomas donde de forma efectiva se encuentren los centros”. En ese sentido, el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, comentó que “la respuesta humanitaria no es seguir con un sistema que se ha descubierto que no ha cumplido con sus garantías más básicas, sino alcanzar un nuevo pacto de Estado que regule nuevas plazas, garantice apoyo económico del Estado vía presupuestos y contemple mecanismos para que las comunidades y las ciudades autónomas, así como otros territorios tengan un proceso claro al que acudir”.
Amnistía Internacional celebra la "buena noticia" y pide que la solidaridad con el pueblo afgano sea la misma que con los niños inmigrantes que se encuentran en Ceuta
Amnistía Internacional también ha celebrado la "buena noticia" de que la justicia mantenga la paralización de las devoluciones de menores. La entidad recuerda en su cuenta de Twiter, que ya denunciaron que "las autoridades deben realizar una evaluación individual del interés superior de cada niño o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar". "Uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento es que las leyes deben cumplirse en sus propios términos. Ello implicar que todos, incluidas las Administraciones, tienen la obligación de las normas vigentes, sin realizar excepciones no contempladas expresamente", concretan."Existen datos bastantes para entender, sin prejuzgar el fondo del asunto, que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española" Añaden, además de la suspensión de las repatriaciones de menores y unos procesos con todas las garantías, se debe impulsar los mecanismos de reparto entre las CCAA para evitar la saturación del sistema de protección en Ceuta. Amnistía Internacional ha valorado positivamente la solidaridad que hay por parte de las CCAA que están acogiendo población refugiada afgana, y esperan "que igualmente se acoja a los niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta". "Los menores migrantes no acompañados son niños y niñas, con derechos que debemos proteger", terminan.