El Congreso de los Diputados ha acogido este jueves por la tarde la presentación del sexto informe del
Observatorio de Ceuta y
Melilla, que reclama “más implicación” de la Administración General del Estado en las dos ciudades autónomas, donde mantiene ámbitos de gestión directa clave como las de atención
sanitaria y
Educación, y aboga por “revisar” competencias. Bajo el título 'La adecuación de las ciudades de Ceuta y Melilla a la organización y funcionamiento del Estado autonómico', el trabajo firmado por el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y 'padre' del Estatuto de 1995, desarrolla un análisis exhaustivo sobre el encaje de Ceuta y Melilla en la España autonómica. En sus cerca de cincuenta páginas destaca que “es sorprendente que después de más de veinte años de funcionamiento de los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla no haya habido ningún estudio, auditoria o evaluación sobre el funcionamiento de la administración de ambas ciudades, cuando es evidente que hay aspectos a mejorar”. En este sentido, el profesor Hernández afirma que “el ordenamiento jurídico vigente ha comenzado a petrificarse al carecer las ciudades de competencias legislativas propias, junto con la falta de agilidad por parte del Estado a la hora de actualizar la legislación”.
En esta línea, el Observatorio de Ceuta y Melilla ha apuntado que la gestión centralizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en materia educativa está causando “una mala calidad de los resultados de la enseñanza, así como la falta de adecuación del sistema educativo a los problemas de integración de la numerosa comunidad musulmana”. La de la atención sanitaria cojea, según alerta, “una deficiente gestión centralizada deslegitima un ejercicio de las competencias que no pueden ser controladas por los ciudadanos que la sufren, ni están sometidas a una obligación de rendir cuentas, lo que produce de forma efectiva la discriminación entre los ciudadanos de Ceuta y Melilla y el resto de los españoles”. Durante su intervención en la Cámara baja, el profesor Hernández Lafuente ha enumerado “las limitaciones más relevantes que actualmente tienen los Estatutos de Autonomía de Ceuta y de Melilla”. A su juicio son “la imposibilidad de interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, lo que provoca su indefensión al no tener los instrumentos jurisdiccionales de defensa de la autonomía; la falta de competencias legislativas, lo que contribuye a que haya desajustes en temas relevantes como educación o sanidad; o la falta de voluntad política para reivindicar una revisión de competencias de las dos ciudades”.
Debido a estas exclusiones, Hernández Lafuente ha destacado la necesidad de que el Estado central muestre “más apoyo y compromiso a Ceuta y Melilla”, a fin de que su régimen jurídico no genere desigualdad ni discriminación con los ciudadanos del resto de España. El informe pretende “impulsar un debate sobre el funcionamiento de las dos ciudades”, ya que considera que “se precisan soluciones jurídicas y políticas adecuadas para adaptar la situación de Ceuta y Melilla al funcionamiento integral del Estado autonómico”.
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