La trabajadora del Grupo Parlamentario Socialista en Ceuta que presentó denuncia en la Policía Nacional contra el presidente de la Gestora, Melchor León, ha trasladado los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos para que se investigue lo ocurrido y se adopten las medidas oportunas.
La nueva denuncia ha sido cursada por haberse incurrido en una violación de datos de carácter personal, así como un ataque a la intimidad, por lo que reclama a esta entidad que intervenga ante lo que se considera una “acción grave” que puede ser “un ilícito penal”, tal y como se recoge en la denuncia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro.
En la misma se insta a investigar lo ocurrido después de producirse una “violación de mis datos de carácter personal y mi intimidad”.
La cronología de lo sucedido tiene su origen la semana pasada, cuando en el grupo de Whatsapp de la Gestora del PSOE, su presidente, Melchor León, difunde un parte médico por incapacidad temporal de una de las asesoras del Grupo Parlamentario Socialista.
Lo hace sin consentimiento de esta trabajadora, que sabe de esa difusión por terceras personas. El primer paso fue presentar denuncia en la Policía Nacional, aportando como prueba la captura de dicho grupo en donde figura el documento con sus datos y la autoría de quien se encargó de hacer una filtración en un grupo.
"Intromisión ilegítima al derecho a la intimidad personal"
En la baja laboral se incluye la situación personal tanto física como psicológica de la denunciante, aparecen sus datos personales y se le identifica con total claridad. De hecho, en el documento figura el código por el cual se puede acceder y conocer información específica de la enfermedad por la cual se le dispensa esa baja.
“Es una intromisión ilegítima al derecho a la intimidad personal”, expone la afectada en su denuncia.
Los componentes de la Gestora que figuran en ese grupo de Whatsapp pudieron tener acceso a un documento especialmente protegido por la legislación española, pero, es más, a partir de ese momento en el que se difunde se da pie a una posible cadena de reenvíos masivos de ese mismo documento por parte de quienes participan del grupo, sin que haya una forma de controlar y parar eso.
Tanto el tipo de baja como el tratamiento dispensado pudieron tener así una difusión pública y generalizada.
La Agencia Española de Protección de Datos ya ha recibido la denuncia y tendrá que intervenir al respecto. De forma paralela está la presentada en la Policía Nacional.
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