El ministro del Interior ha subrayado que este protocolo será beneficioso tanto para el empresario como para las Oficinas de Denuncias, que van a ganar en agilidad
Zoido ha anunciado que a partir del 2018 se llevará a cabo la implantación de un protocolo de denuncia policial 'in situ'; es decir, un procedimiento para que los comerciantes puedan denunciar los hurtos en el mismo establecimiento donde éste se produce. De esta forma se facilitará la tramitación de la denuncia a las empresas, ya que los comerciantes no tendrán que desplazarse para ratificar o formular el correspondiente atestado policial y así se evitarán la molestia de tener que cerrar sus establecimientos momentáneamente para ello.
El ministro del Interior ha destacado que la implantación de este protocolo va a permitir un sistema eficiente y riguroso desde el punto de vista policial, así como beneficios tanto para el empresario como para las Oficinas de Denuncias que van a ganar en agilidad y, además, va a tener efectos disuasorios para el delincuente.
Juan Ignacio Zoido ha precisado que el procedimiento de denuncia 'in situ' sólo será aplicable en el caso de la presunta comisión de un delito leve cuando la persona está identificada y presente en el propio establecimiento comercial.
Un sistema similar ya viene aplicándose de manera experimental en algunos lugares, como en centros comerciales de Huelva por parte de la Guardia Civil, a través del Plan Coopera con las empresas de seguridad privada, o la tramitación de denuncias 'in situ' por parte de Unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, aunque aún de manera manual.
El ministro del Interior ha subrayado que el Protocolo será “una herramienta altamente beneficiosa para todas las partes interesadas en reducir las pérdidas por hurtos sufridos en los comercios y al tiempo que mejorará tanto la agilidad como la eficacia de las denuncias”.
En el desarrollo de este protocolo está trabajando un grupo coordinado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que paralelamente ha ido generando subgrupos de trabajo más específicos, constituidos por representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y de la propia Secretaria de Estado de Seguridad.
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