El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no se aprobará finalmente antes de las elecciones del próximo domingo. El Gobierno que
preside Juan Vivas ha mantenido hasta el último momento la esperanza de que la reunión pendiente con los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica fuese viento en popa y el Pleno preceptivo pudiera convocarse a toda prisa para remitir el documento al Ministerio de Fomento, que debe proceder a la aprobación definitiva, pero no será posible. Fuentes del Ejecutivo local han explicado que en el Ministerio han solicitado más tiempo para analizar el texto confeccionado en la Ciudad Autónoma para incorporar al estudio de sostenibilidad ambiental, el único que debe realizarse de forma conjunta entre las dos Administraciones, y la reunión bilateral que iba a celebrarse el jueves de la semana pasada ha quedado pospuesta hasta el próximo viernes, cuando apenas quedarán 24 horas para la cita con las urnas. El trabajo contrarreloj de los consejeros de Presidencia y de Fomento, Mabel Deu y Néstor García, ha llevado el nuevo Plan hasta la orilla, pero a la nueva Corporación le corresponderá la responsabilidad de aprobarlo tal como ha salido del último trámite de alegaciones o introducir nuevas modificaciones, con lo que su entrada en vigor se retrasaría todavía más. El estudio de sostenibilidad ambiental es, según detalló García hace dos meses en el Pleno, el último de los 17 informes sectoriales preceptivos del PGOU, una lista que “da muestra del complejo procedimiento administrativo que ha de seguir el documento urbanístico más importante”. La Consejería de Economía y Hacienda del Ejecutivo local aprobó hace casi catorce años, el 1 de julio de 2005, el expediente de contratación de consultoría y asistencia técnica para la redacción de la Revisión y Adaptación del Plan General de 1992. El Consejo de gobierno aprobó el 31 de marzo de 2008 el trabajo elaborado por Prointec al considerar que reunía “el suficiente grado de desarrollo para permitir formular los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento” para el futuro de la ciudad. Más de una década después, el texto redactado el mismo año en que se celebraron los Juegos Olímpicos todavía no ha sido renovado. Su memoria refiere que se elaboró “en plena Crisis del Golfo” y “con claras nubes de recesión” en el horizonte. ‘Una ilusión en común’ fue el lema elegido para dar conocer sus criterios y objetivos, resumidos en: eliminar la infravivienda en Ceuta, proteger el Patrimonio edificado, potenciar el desarrollo comercial e industrial, lograr viviendas dignas para la totalidad de los ciudadanos, reequipar la ciudad, defender los grandes espacios abiertos, organizar el tráfico dentro de la ciudad y mejorar la calidad ambiental y arquitectónica. Muchos de esos retos siguen pendientes. El nuevo Plan se propone “preparar la ciudad para que pueda posicionarse en el circuito de ciudades atractivas para la inversión” y apostar por un modelo “saludable y ambientalmente sostenible”. También “preservar el patrimonio cultural y medioambiental” y “controlar y equilibrar el crecimiento para evitar una excesiva dispersión urbana y conflictos medioambientales y paisajísticos no deseados”. Otros objetivos generales del nuevo planeamiento son “cualificar la ciudad existente configurando un tejido urbano homogéneo en cuanto a dotaciones y servicios, en especial zonas verdes y espacios públicos”, pero también “eliminar la infravivienda proveyendo de viviendas adecuadas al conjunto de la ciudadanía” e “integrar las peculiaridades morfológicas de la ciudad atendiendo a las diferentes sensibilidades y modos culturales de entenderla”. Los redactores aspiran a “aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas infraestructuras para superar dificultades estructurales y propiciar estructuras urbanas más equilibradas e integradas” y a “resolver los problemas de conexión entre los distintos barrios buscando la complementariedad funcional y soluciones imaginativas en los bordes”. Otro desafío es “preparar suelo a precios competitivos” y así garantizar una oferta suficiente de VPO y para usos y actividades relacionadas con actividades productivas”.
“Aprobar” el documento, compromiso sin apenas matices de todos los partidos
El primer partido de la oposición durante la legislatura que termina, el PSOE, se compromete en su programa para los próximos cuatro años a “aprobar” un Plan que propicie un “crecimiento sostenible” y una “agilización en la concesión de licencias” para “facilitar la actividad”. Caballas se compromete a “plasmar en un nuevo PGOU” sus prioridades, que son “la vivienda (suficiente), el equipamiento (amplio, moderno, diverso y equilibrado), las comunicaciones (una red integral, fluida y fácilmente accesible) y la protección del patrimonio medioambiental”. El compromiso programático del MDyC no va más allá de garantizar que, si de los de Fatima Hamed dependiera, el documento estaría aprobado “en un máximo de seis meses, si fuera necesario a través de una propuesta legislativa”. “Su aprobación”, dice el programa de Ciudadanos, “será una prioridad para nuestro Gobierno para así desbloquear el sector de la construcción, generar riqueza y crear empleo”. La formación naranja también querría pedir al Estado “un proyecto de ley” que actualice la normativa “preconstitucional” vigente. CpC-PDSC ve “urgente” que el documento vea la luz y Vox también ha prometido “trabajar” para que así sea cuanto antes con el fin de que los sectores perjudicados recuperen actividad.
Sin respuesta del ministro para La Almadraba y Benzú
El Gobierno de la Ciudad recuperó casi sobre la bocina electoral su plan original de aprobar provisionalmente el PGOU y dejar en manos del Ministerio de Fomento el compromiso de la Delegación del Gobierno socialista de ser “sensibles” con las barriadas de Benzú y La Almadraba, que según el último informe de Carreteras quedarían fuera de ordenación. En el Gobierno local consideran que ambos vecindarios son conscientes de que con el nuevo Plan no avanzarán, pero tampoco perderán derechos adquiridos. Vivas se comprometió en el Pleno a parar el PGOU hasta tratar el tema con el ministro competente, pero este se negó a hacerlo en una visita electoral a Ceuta y no ha dado fecha para una entrevista al presidente.