Nuevo expediente para quitar 1.700 euros a los policías que recurrieron la bolsa de horas

Vuelta a la pesadilla. Después de que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo dieran la razón a los cuatro policías locales a los que la Ciudad detrajo de sus nóminas cerca de 1.700 euros, condenando a la Administración Local a devolverles el dinero, se ha iniciado otro expediente de revisión de oficio para retirar ese plus, de nuevo, a los agentes.

Un dinero que es el equivalente al 50% del valor de la jornada especial del año 2015 y que, considera la Ciudad, debe ser declarado nulo y detraído de las nóminas de los cuatro policías locales que recurrieron la bolsa de horas.

La Administración ya fue condenada por su actuación en lo que quiso presentar como una actitud ejemplarizante contra los policías que al final se le vino en su contra, llegando a ser condenada en costas en el segundo de los dictámenes pronunciado por el Contencioso.

Ahora se vuelve a la carga existiendo esa posibilidad de que, de nuevo, se detraiga el dinero de sus nóminas, algo contra lo que los afectados han presentado ya alegaciones en lo que entienden que se erige en una clara “persecución” contra ellos.

De continuar, tienen claro que acudirán al juzgado por si estos actos administrativos podrían ser constitutivos de una presunta prevaricación al existir ya dos sentencias que les dan la razón.

“Irán al Contencioso”, advierten fuentes del entorno de los afectados, sorprendidos por cómo se vuelve a repetir un modo de proceder que fue considerado nulo, tal y como ya adelantó este periódico, visualizando una nueva espada de Damocles sobre cuatro padres de familia.

“De persistir esta persecución van a poner en manos de la justicia los actos administrativos que se están llevando a cabo por parte de quien firme todos los decretos por si pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación”, advierten, molestos por la situación generada.

En las alegaciones presentadas contra la incoación del expediente por uno de los afectados se advierte de que dicho trámite se inicia para “determinar si concurre alguna causa de nulidad” en el cobro “antes de constatar, ni siquiera indiciariamente la concurrencia de esa nulidad”.

Los afectados se preguntan por qué no se nombraron los servicios en tiempo debido

Existiendo dos sentencias firmes que les dan la razón, este viraje dado por la Administración es entendido como una especie de “desviación de poder” que pretendería evitar las reclamaciones por parte de otros agentes del Cuerpo.

Este nuevo enfrentamiento entre Administración y los cuatro policías que recurrieron la bolsa de horas parte de la postura mantenida por los afectados de que ya ellos hacían ese día que reclamaba la Administración, por lo que debían ver retribuido expresamente como horas extraordinarias el festivo que se les había asignado con cargo a la bolsa de horas generada desde 2012, en base al acuerdo firmado por el Gobierno con CCOO y UGT para permitir que siguiesen cobrando íntegro el plus de jornada especial, que supone unos 1.700 euros por funcionario y año.

Los sindicatos UGT y CCOO (CSIF no formó parte de aquel acuerdo), en vez de exigir el pago que según sentencia judicial le corresponde a cada funcionario por el incumplimiento de la Administración del acuerdo firmado entre estos y las centrales sindicales, se posicionaron en favor de la Administración llegando incluso a manifestarse públicamente en contra de los cuatros policías, exigiendo a la citada Administración que se tomasen medidas contra estos cuatro agentes a los que la Justicia les dio la razón, llegando a hablar de la existencia de mala fe por parte de estos funcionarios. Ahora los afectados vuelven a estar en el punto de mira pero con una diferencia, el visto bueno que han obtenido por parte de la Justicia en todas las ocasiones en las que recurrieron.

Lamentan que durante este tiempo la Administración no haya hecho nada contra los responsables, ya que todo este desaguisado obedece a que la Jefatura de la Policía Local no publicó en tiempo los servicios que debían desarrollar los policías. Unos servicios que debían estar publicados antes del 31 de diciembre, saltándose esta obligación durante todos los años.

Cuestionan por qué no se depuran responsabilidades en relación al nombramiento de los servicios durante estos cuatro años, ya que no se ha cumplido lo acordado entre Administración y sindicatos, y en cambio sí se persigue a los que denuncian la situación. En el caso de estos cuatro agentes se actúa contra ellos a pesar de que las más altas instancias sí les han respaldado.