El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz sentó en la mañana de ayer en el banquillo de los acusados al militar José Manuel V.A., implicado en la agresión perpetrada en febrero de 2011 contra quien era su esposa -con la que se encontraba en trámites de separación- y sus hijos. Tanto Ministerio Fiscal como el letrado de la Acusación Particular, Carlos García Selva, solicitaban 19 años de prisión para el imputado. Ayer, tras una jornada marcada por la tensión y las negociaciones intensas de los abogados de ambas partes, se alcanzó una conformidad dictándose sentencia firme condenatoria contra el acusado.
José Manuel V.A., que se encontraba en prisión preventiva desde que sucedieran los hechos, asumió su implicación en esta agresión, aceptando una condena de 9 años y medio de cárcel. Condena que debe cumplir de manera íntegra y contra la que no cabe recurso alguno. De esa pena, seis de los años se corresponden por la autoría de un homicidio en grado de tentativa, otros tres por un delito de lesiones con instrumento peligroso y seis meses más por un quebrantamiento de condena. A la pena puramente carcelaria se le añade una indemnización de 41.932 euros por los daños provocados tanto a quien fuera su pareja como a sus dos hijos. En la sentencia firme se contempla además lo popularmente denominado ‘destierro’, es decir, la prohibición de residir en Ceuta durante trece años.
El tribunal informó al procesado de la pena acordada, que contempla una rebaja sustanciosa respecto a la petición original de la Acusación, y éste aceptó el cúmulo de años que deberá pasar en una prisión peninsular. Su letrado, Jorge Martín Amaya, le informó de la pena que quedaría señalada a modo final siendo aceptada tanto por el procesado como por las víctimas, que atendieron las orientaciones de su letrado García Selva.
La sentencia firme contempla además la adopción, durante su estancia en prisión, de una serie de medidas cautelares que vienen a resumirse, principalmente, en el hecho de que el condenado no podrá ponerse en contacto de ninguna manera con las víctimas. Es decir, por ejemplo no podría mandarles ni una carta porque esto supondría incumplir esas medidas.
Hasta Cádiz, en donde se celebró la vista judicial ayer, se desplazaron no sólo las partes interesadas en esta causa, sino también toda la familia de la víctima, Yolanda A.L., para darle apoyo. Se volvía a escenificar la unidad familiar que, desde que ocurrieran los hechos, ha habido en torno a esta mujer y sus dos hijos.
El condenado ha reconocido sin género alguno de duda su implicación en los hechos, toda vez que durante el proceso judicial que ha marcado este caso en fase de instrucción intentó demostrar que sus capacidades se encontraban mermadas.
La vista judicial había sido señalada para la jornada de ayer y la de hoy. De hecho en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta se había preparado una videoconferencia para que los agentes que intervinieron en los hechos pudieran declarar sin necesidad de desplazarse a Algeciras. No fue necesario dicho trámite al existir ese acuerdo que viene a suponer, para las víctimas, la posibilidad de pasar página y cerrar así una historia dramática que han estado arrastrando durante estos casi dos años.
Y es que la agresión ocurrida en Patio Páramo fue muy grave y causó un importante impacto social. La víctima fue brutalmente agredida con arma blanca, hecho que se extendió a su hijo mayor y, en menor medida, al pequeño. Llegó incluso a temerse por la vida de la mujer, que tuvo que ser intervenida al igual que el hijo mayor, al presentar importantes heridas producidas en su intento de defensa por mor de de evitar esa agresión.
En esta historia se daban la manos varios agravantes, entre ellos el de parentesco y abuso de superioridad. Cuando se produjo el ataque del detenido hacia su esposa e hijos, estaba incumpliendo una medida cautelar que tan sólo 24 horas antes había sido dictada por el juzgado número 4. En base a la misma, se prohibía tajantemente el acercamiento hacia la mujer, pero aún así, en la madrugada del 23 de febrero de 2011 el detenido entró en la vivienda común de Patio Páramo para agredir, haciéndose con un cuchillo de cocina y otro jamonero, a la mujer, Yolanda A.L., y, de paso, a los dos hijos de la pareja, que acudieron a defender a su madre y que también resultaron lesionados, uno de ellos de mayor gravedad teniendo que ser intervenido en el Hospital y sufriendo lesiones y secuelas a posteriori. La intervención de un agente de la Guardia Civil vecino del bloque residencial que en ese momento acudía a la casa cuartel, fue clave para la detención del imputado y para que la agresión no fuera a más. En la calificación provisional llevada ayer a juicio y que integra esta causa se hace constar lo que declaró el agente en fase judicial: que el detenido había manifestado que “lo que he venido a hacer ya lo he hecho, la pena es que no los he matado a los tres”.
La Acusación, que defiende los intereses de la familia, ha hecho ver durante toda la instrucción que este ataque fue uno de los “múltiples que sufría” la víctima “reiteradamente y que habían provocado en el domicilio familiar una auténtica situación de terror” para la víctima, que ya había denunciado estos hechos con anterioridad.
La agresión hacia Yolanda y sus hijos provocó una importante repulsa en Ceuta, encuadrándose los hechos en un episodio de violencia de género. A las concentraciones de protesta oficiales se sumaron las nacidas por iniciativa de los propios ceutíes y, sobre todo, por los vecinos del bloque de Patio Páramo en donde residían las víctimas y en donde se produjo el ataque. Que la vista haya tenido lugar en Cádiz y no en Ceuta se debe a que los asuntos que tienen que ser sometidos al tribunal de la Audiencia y que están vinculados a episodios de violencia de género son asumidos por el órgano gaditano.