La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) ha remitido este jueves a los centros penitenciarios un escrito que supone la llegada de la nueva normalidad a las prisiones dependientes de la Administración General del Estado.
Tres meses después de que comenzaran a cerrarse al exterior, el regreso progresivo a la situación anterior a la COVID-19 culmina este jueves con la vuelta progresiva de las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, y con el fin de la obligatoriedad de las cuarentenas para todos los internos e internas al ingreso o reingreso en centro penitenciario.
En general, serán de aplicación las mismas indicaciones sanitarias y las mismas obligaciones que tiene la población en general: uso de mascarillas, distancia de seguridad, desinfección de superficies, el lavado de manos o evitar acudir al centro penitenciario si se presentan síntomas. Con carácter particular:
El regreso será progresivo. Primero volverán las comunicaciones íntimas o vis a vis, después las familiares y, en último lugar, las de convivencia. Se avisará con suficiente antelación a los servicios médicos del centro para que constaten que no existe impedimento, desde el punto de vista sanitario, sobre las personas que van a comunicar.
Las personas autorizadas a comunicar deberán firmar y entregar una declaración responsable en la que se comprometen a respetar las medidas de prevención y a no acudir al centro en caso de infección o síntomas compatibles con la COVID-19.
Se levantan además las restricciones de ocupación hasta el 50% de los locutorios, vigentes hasta la fecha.
Todas las personas que ingresen en centro penitenciario serán, como establece el Reglamento Penitenciario, examinadas por el médico que valorará el riesgo y la posibilidad de adoptar medidas como su permanencia en observación médica.
En el caso de reingreso tras permiso, se procederá de igual modo si el personal penitenciario detectase indicio o síntoma relacionado con el coronavirus.
Instituciones Penitenciarias comenzó a cerrar las prisiones con la suspensión de todas las comunicaciones que no fueran por locutorio y la prohibición de entrada a todo el personal no penitenciario. Con la entrada en vigor del estado de alarma, se suspendieron también las comunicaciones ordinarias y los permisos a los que tienen derecho las personas privadas de libertad.
Estas medidas, muy severas para la población penitenciaria, se compensaron con otras como la ampliación de las llamadas a las que tienen derecho internos e internas, gratuitas para las personas sin recursos, o la introducción de las videollamadas.
Decisiones que, sumadas a la labor didáctica de los equipos directivos, de Tratamiento y de los funcionarios de Vigilancia, dieron como resultado la práctica ausencia de incidentes graves relacionados con la pandemia y una afectación por COVID cuatro veces inferior a la de la población en general.
Hasta la fecha solo se han registrado 84 casos entre las cerca de 50.000 personas que custodia la Administración Penitenciaria. De ellas, 76 ya han recibido el alta médica definitiva.
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