La nueva Ley de Seguridad Ciudadana acabará con las devoluciones en caliente, decisión que, el portavoz de Justicia Policial (JUPOL), Ibón Domínguez, comenta que "afectará mucho a Ceuta y Melilla".
Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han coincidido este jueves en rechazar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, pactada entre PSOE, Sumar y Bildu, al entender que "desprotege" a los agentes y merma el principio de autoridad.
Las tres formaciones han llegado a un acuerdo para redactar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que acabará con el uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma; rebajará la penalización de la desobediencia y las faltas de respeto, que pasarán de ser infracción grave a leve, y terminará con las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos.
En declaraciones a EFE, Domínguez considera un "despropósito" la prohibición de utilizar pelotas de goma, ya que éstas sólo se utilizan en “manifestaciones violentas”, y ha advertido de un "incremento de lesiones" tanto de los manifestantes como de los policías porque "sólo se va a poder usar la defensa en el cuerpo a cuerpo".
Asimismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que lejos de reforzar el principio de autoridad, la modificación del texto contribuye a "favorecer las conductas contrarias a derecho despojando a los policías" de sus principales herramientas de trabajo.
"No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado a los agentes de autoridad cuando lo que perseguimos es reforzar el castigo de estas conductas delictivas", argumenta la organización en una nota de prensa, en la que pone de manifiesto que la reforma de ley "no ha contado con la colaboración" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sobre la prohibición de las pelotas de goma, recuerda que la restricción del uso de material antidisturbios "ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo", por lo que ve en ella "un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden" en situaciones de violencia en las calles.
En cuanto a las devoluciones en la frontera, el SUP señala que la Policía ya está sometida a marcos legales tanto nacionales como internacionales que contemplan los supuestos mencionados.
Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) lamenta "la falta de apoyo y reconocimiento" y la "continua puesta en tela de juicio" de la labor policial, dos cuestiones que "debilitan" su capacidad para desempeñar sus funciones adecuadamente.
En una nota, la organización reclama que "cualquier cambio" legislativo "se traduzca en mejoras reales" que aseguren la capacidad de los agentes para llevar a cabo su trabajo "con las máximas garantías jurídicas", si bien no entra a valorar concretamente las medidas del acuerdo.
Y la Confederación Española de Policía (CEP) ha tildado la reforma como "el mayor ataque a la operatividad" de los agentes "en toda la democracia", al incidir en que convertir en leve la infracción grave de desobediencia y faltas de respeto situará a los profesionales de la seguridad pública en un escenario de "desprotección y riesgos", así como retirar las pelotas de goma.
Por otro lado, Jucil ha mostrado su "preocupación y rotundo rechazo" al pacto, que "pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas".
"Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos", dice al respecto Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil.
Sobre los aspectos concretos del texto, Leal aduce que convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves, así como eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público, es sinónimo de “desarmar a los guardias civiles” y pone en riesgo su integridad y la seguridad jurídica.
Por último, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha considerado "urgente" reforzar el principio de autoridad modificando el código penal para endurecer las penas por agresión a los agentes, que quedan "atados de pies y manos" tras el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu.
Los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Ceuta denuncian el "irresponsable y peligroso acuerdo" alcanzado entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Euskal-Herria Bildu para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, un pacto que "condena a la indefensión absoluta a las fronteras de Ceuta y Melilla". Con esta reforma, el grupo Popular señala que "Sánchez desmantela uno de los últimos recursos legales para el control efectivo de nuestras fronteras".
En "un acto de sumisión inadmisible", Bildu ha exigido la supresión de la Disposición adicional décima que, hasta ahora, permitía rechazar a los inmigrantes detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla, evitando su entrada ilegal en España.
Esta reforma "pone en riesgo no solo la seguridad de las fronteras, sino también la estabilidad social y económica de nuestras ciudades autónomas". Bajo el nuevo marco legal, cualquier migrante que pronuncie la palabra "asilo" tendrá que ser acogido, sin posibilidad de devolución inmediata, hasta la resolución del expediente administrativo.
El Partido Popular de Ceuta señala que "este procedimiento podría ser mal utilizado para permitir la entrada de inmigración irregular masiva", desbordando los recursos y perjudicando tanto a quienes buscan asilo legítimamente como a los propios sistemas de acogida.
"No solo colapsará el CETI, sino que provocará un flujo incontrolado de migrantes hacia la península antes de que sus expedientes de asilo se resuelvan", reseña el grupo Popular. A día de hoy, el 97% de las solicitudes de asilo son denegadas por ser improcedentes, lo que convertirá a España en el "último eslabón de una cadena de errores y desprotección jurídica". Para cuando las denegaciones se produzcan, "estos migrantes ya estarán ilocalizables, lo que hará inviable su repatriación".
El Partido Popular añade que "no permitiremos este atentado contra la seguridad de Ceuta y Melilla. Daremos la batalla en la tramitación parlamentaria de esta reforma para frenar de raíz, no solo por lo que supone para nuestras fronteras, sino por la grave amenaza que representa para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya autoridad se está debilitando deliberadamente. Este es un ataque directo a los garantes de nuestra seguridad".
Este pacto con Bildu "es solo la última de una larga lista de concesiones de Sánchez a las exigencias de los separatistas, en su afán de mantenerse en el poder a cualquier precio. Es vergonzoso que, mientras cede ante quienes buscan destruir España, Bildu celebre la liberación de presos etarras con delitos de sangre, sin arrepentimiento ni colaboración en el esclarecimiento de los crímenes cometidos" concluye el PP ceutí.
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