Nueva fórmula para que las viviendas irregulares tengan los servicios básicos

La consejera de Fomento no quiso dar ayer muchas pistas, pero lo cierto es que el objetivo final del equipo de gobierno es que exista la posibilidad de conceder los servicios básicos de luz y agua a los ocupantes de viviendas que ahora mismo no estén regularizadas. Recordemos que la aprobación en el mes de enero, por unanimidad de las fuerzas políticas de la Asamblea, de la modificación del Reglamento Regulador del Procedimiento de Concesión y Control de las Cédulas de Habitabilidad, provocó que la Delegación del Gobierno el pasado trece de marzo presentara varias alegaciones a esta medidas y que con posterioridad han sido estudiadas por los técnicos de la Ciudad Autónoma.
El pleno que tendrá lugar la semana que viene, concretamente, el miércoles días veintiséis, en este punto concreto, se centrará por un lado en la aceptación de la alegación presentada por la Delegación del Gobierno, pero como reconoció la misma responsable del área de Fomento, “el mismo jurídico que ha dado el visto bueno a esta alegación de la Administración General del Estado en su informe, también aprovecha el mismo para apuntar una nueva fórmula de redacción de este precepto que no entre en colisión con los peros expuestos por la Delegación del Gobierno”.
No fue más explícita, pero lo cierto es que de alguna manera se mantendrá el objetivo de que los ocupantes de esas viviendas irregulares puedan acceder a los servicios básicos, pero de todas maneras, el texto definitivo no se conocerá hasta este jueves, cuando se reúna la comisión informativa de Fomento y se estudien todos los asuntos que se llevarán a pleno por parte de esta Consejería.
Se debe recordar que uno de las fórmulas que defendía en su informe la Administración General del Estado fue precisamente, que revisada la normativa urbanística de la Ciudad Autónoma ese precepto no tenía ninguna encaje posible.
Por tanto, habrá que esperar a la aprobación de esta medidas por parte de la Asamblea autonómica y que luego nuevamente la Administración General del Estado elabore sus preceptivos estudios para ver si, desde su punto de vista, encaja en la legalidad urbanística existente.