Nos igualan, pero por abajo

La aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es una vuelta de tuerca más a la política de recortes. Política que, hasta ahora, afectaba al bolsillo de los sufridos ciudadanos y al Estado del Bienestar: sanidad, educación, justicia y seguridad, y ahora se quiere aplicar al derecho constitucional de manifestación. Esto supondrá que a la sociedad española le cercenen al único recurso que le quedaba hasta ahora ante los recortes: la protesta. 
AUGC, como la mayoría de la ciudadanía, formaciones políticas y sociales, creen que este país no necesita una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras razones porque, si como dice el propio Gobierno, la estadística delincuencial está bajando, ¿por qué afrontar ahora una Ley de Seguridad Ciudadana, si no se está produciendo en la sociedad sentimiento de inseguridad?
Una Ley para la que tampoco se ha pedido opinión a los afectados, policías y guardias civiles, que se ha elaborado de forma unilateral, sin debatir y consensuar. Una de las razones esgrimidas para afrontar esta reforma era proteger el principio de autoridad de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tipificando, las “vejaciones, amenazas, coacciones e injurias” a policías, así como grabar y difundir imágenes y fotos de los agentes que puedan suponer algún “riesgo para la seguridad”, como infracciones graves, lo que implicaba multas de 1.001 a 30.000 euros. Y, aunque los integrantes de las FFCCSE llevamos muchos años reclamando medidas de protección para los agentes cuando son agredidos o insultados, todos coincidimos en el exceso de la multa y en su ineficacia. Es difícil que una persona que protesta por unos recortes que le impiden llegar a final pueda hacer frente a una multa de esa cantidad. Y los que sí pueden hacer frente a esa cifra no tienen motivos para salir a la calle.
Pero el hecho de que ahora hayan rebajado la multa a un máximo de 1.000 euros tampoco va a suponer una protección para los trabajadores de las FFCCSE, quienes seguirán sufriendo tratos vejatorios y agresiones por parte de un minúsculo grupo de ciudadanos que entiende que se protesta insultando y agrediendo, grupúsculo que seguirá declarándose insolvente y por tanto su “delito” seguirá quedando impune. Mientras la sociedad quedará huérfana e indefensa ante el retroceso del Estado del Bienestar al que abocan los recortes. Unas sanciones, por tanto, que para AUGC no van a proteger más a guardias y policías, que estarían mejor amparados si estas actitudes fueran incluidas como delito en el Código Penal y no en la nueva ley como sanción administrativa.
Por eso aunque el Consejo de Ministros al final haya intentado descafeinar un poco este proyecto la ley sigue siendo restrictiva para la sociedad, a la que deja desnuda e impotente frente al que ostenta el poder y a los miembros de las FFCCSE que seguirán indefenso frente a esa minoría que no entiende que ellos son también trabajadores, cuya función es velar por la seguridad pública. 
Una reforma que al final terminaran pagando los mismos: los trabajadores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, quienes se van a ver cargados de más trabajo cuando están sufriendo importantes recortes de personal.
AUGC lleva muchos años exigiendo derechos para los trabajadores de la Guardia Civil. A quienes se les vetaba el derecho a manifestación, reivindicación y libertad de expresión y, con casi 30 años de retraso, se logró con- quistar estos derechos –aunque con muchas restricciones–  a golpe de expedientes disciplinarios, persecución y cárcel. Todo ello para encontrarnos de nuevo en el mismo punto de partida, o peor aún, porque a los guardias civiles quieren cerrarnos otra vez la puerta de la reivindicación y a la sociedad la quieren rebajar sus derechos al escalón de los trabajadores de la Benemérita.
35 años después de la llegada de la democracia se ha obrado el milagro: todos equiparados, pero por abajo. Más de 20 años luchando para encontrarnos todos, sociedad y guardias civiles, otra vez en el punto de salida. Porque mientras a unos nos quieren amordazar a través de la reforma del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, hacen lo propio con la sociedad con la Ley “mordaza” de Seguridad Ciudadana. No nos ha dado a nosotros más derechos, se los quitan a la sociedad, así ahora los guardias civiles ya nada tendrán que pedir, nada tendrán que reclamar, porque nada podrán mejorar. 
Esta ley que iguala a guardias civiles y sociedad es la concertina disuasiva pasiva de la sociedad civil. Disuaden a los ciudadanos de protestar contra lo que consideran un retroceso, rasgando sus derechos como la concertina rasga la piel y el cuerpo de aquellos que buscan un mundo mejor. 
Una Ley de Seguridad Ciudadana que se unirá a la ya aprobada Ley de Seguridad Privada que otorga a los vigilantes privados competencias hasta ahora exclusivas de las FFCCSE. Una ley que para AUGC supone una privatización encubierta de la seguridad pública y habilita a policías baratos y menos formados.
Desde AUGC se denuncia que estos trabajadores vienen a ocupar los cerca de 4.000 puestos de agentes de las FFCCSE que se han jubilado estos años y cuyas vacantes no se han cubierto. Además desde la Organización se pone en duda la legalidad de agente de la autoridad que se quiere dar a estos trabajadores.