Es uno de los asuntos judicializados sobre el que más se ha hablado: la cadena de detenciones vinculada al intento de embarque a la península de casi 5 toneladas de hachís ocultas en los camiones aprovechando la marcha de los feriantes. Algunos de esos detenidos siguen en prisión preventiva a la espera de juicio, otros han quedado en libertad con cargos y mientras la maquinaria judicial ha seguido activa autorizando peticiones de esas que escuecen, como es el uso de bienes de detenidos y familiares por parte de las fuerzas de seguridad. Un auto de la Audiencia, dictado hace escasamente un mes, autoriza a la Policía Judicial el empleo de vehículos intervenidos en la operación aunque todavía no haya sido juzgada, desestimando el recurso de apelación interpuesto por quienes dicen ser sus verdaderos propietarios.
En la conclusión a la que llega la Audiencia se deja claro que el intento de traslado de hachís a gran escala que abortó la Policía solo podía viabilizarse con una fuerte estructura organizativa y “es obvio que la misma puede fácilmente aprovechar relaciones familiares para tratar de ocultar la titularidad real de los vehículos”. La falta de acreditación de quienes eran realmente los propietarios de los coches más allá de quienes figuraran como titulares ha llevado a que se permita que la atribución temporal de estos bienes.