“No se trata de 20 niños, hay que pensar en las consecuencias”

El delegado alerta a la Fiscalía de  que hay menores con padres sin relación alguna. Pide prudencia en la escolarización de niños extranjeros.

El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, rompió ayer su silencio y lo hizo para dar su visión sobre un asunto, el de la escolarización de los menores que atiende DIGMUN, que ha emborronado páginas y páginas durante las últimas semanas. Mientras que la asociación advertía ayer de que ellos no hablarán hasta que todo este proceso termine, Fernández Cucurull resaltó que se trata de un asunto que hay que abordar con especial tacto toda vez que se podría aventurar un colapso del sistema educativo ante la posibilidad de que niños marroquíes demandaran el sistema educativo español, debido a la situación de Ceuta en el espacio Schengen. Si hasta ahora no se había dado el paso de la escolarización es porque, dijo, no se había confirmado que esa residencia (requisito obligado por ley), ya sea regular o irregular, se estaba produciendo. “Debemos reflexionar todos en que la situación de Ceuta es singular. Es una ciudad fronteriza, en la que los marroquíes con pasaporte pueden acceder sin visado. Hay que ser cuidadosos porque de no serlo podríamos llegar a una situación de colapso del sistema educativo ceutí de los residentes en Tetuán. La ley no distingue entre residente legal e ilegal y esto nos puede llevar a una situación potencialmente peligrosa que es lo que intentamos evitar”, expuso. “No se trata de 20 niños, hay que pensar en las consecuencias de las decisiones que se toman y he preferido ser prudente”, añadió.
“En su momento pedí un informe a la Abogacía del Estado y en el mismo se aclaró que la escolarización tenía que estar vinculada a la residencia regular o irregular en la ciudad. En los documentos que en su día presentó la asociación que pretendía su escolarización no figuraba ninguna prueba de esa residencia efectiva en nuestra ciudad”, resaltó a los periodistas el delegado del Gobierno.
Tras el recuerdo hecho por la Fiscalía al MECyD de que los menores residentes debían estar escolarizados, Fernández solicitó a la Jefatura Superior que indagara sobre la residencia de esos niños atendidos por DIGMUN, “comprobando si cada uno de estos menores residía en la ciudad. Ese informe ha llegado hace unos días y en el mismo se acredita que algunos sí residen pero en otros casos no se ha podido acreditar esa residencia”, reseñó Fernández Cucurull como explicación a que, de momento, solo 8 de los niños atendidos por DIGMUN hayan podido ser escolarizados, tal y como adelantaba El Faro en pasada edición.
¿Y el resto? Se supone que durante las inspecciones ordenadas al CNP no han sido localizados. Se supone también que existe miedo a los expedientes de expulsión que se aplicarán sobre ellos y que durante todo este tiempo parecían no haber aflorado. La determinación de la Administración central es que esos expedientes de expulsión sean ejecutados y los menores no podrán ser escolarizados al no acreditarse su estancia en Ceuta.
Lejos del debate sobre la escolarización de estos menores, el delegado quiso poner el foco de atención en un asunto distinto pero que tiene su matriz en este tema. Y es que según avanzó a los periodistas, fruto de esa labor del CNP se ha podido constatar que hay menores que están a cargo de adultos con los que no mantienen ningún tipo de vinculación, hecho que han trasladado también a la Fiscalía para que lo investigue. “En prácticamente todos los casos, esos menores están en manos de personas que no tienen ninguna titularidad jurídica sobre ellos. Este hecho lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía para que actúe en defensa de los derechos de esos menores”, apostilló. Será ahora el Ministerio Fiscal el que, teniendo la pelota encima de su tejado, deberá decidir qué hacer con estos casos que, a pesar de llevar años presentes, nunca habían forzado esta toma de decisiones.

“Las medidas se mantendrán hasta la apertura del Tarajal II”

Los recientes colapsos que se han producido en la frontera y que forzaron a la Delegación a disponer de un dispositivo especial de seguridad contra las avalanchas también fueron objeto de análisis, ayer, por el delegado. Un asunto vinculado directamente con el incremento del número de personas residentes en Tetuán y contagiados por el precio del bulto, lo que terminó desbordando las infraestructuras española y marroquí. “No era posible contener a los porteadores con los medios que había. Se acordaron medidas para evitar riesgos”, explicó. “Estas medidas se mantendrán hasta la apertura del Tarajal II que sin ser la solución, estimamos que mejorará la situación”, expuso. Con dicho puente habrá carriles de entrada distintos para porteadores y otros ciudadanos; medida ésta que se complementará con la remodelación del Tarajal y el incremento de dotaciones policiales para mejorar la seguridad en el paso fronterizo.
A estas mejoras se añadirá el refuerzo en materia de lucha contra el fraude llevado a cabo entre la Administración central y local. “Se va a seguir haciendo actuaciones en todo el entorno para mejorar los accesos y la circulación tanto al Príncipe como a los polígonos. La N-352 tiene la capacidad que tiene, en el momento en que se producen retenciones en la frontera esto repercute en que se formen colas”, recalcó. “Esto es difícil de evitar hasta que se dispongan de las infraestructuras adicionales. No disponemos de zonas de embolsamiento para tener a los vehículos” evitando los colapsos que se generan. “La carretera en sí no tiene capacidad de absorción y hasta que no se realicen las obras se seguirán produciendo las retenciones que se están produciendo por las que pedimos disculpas a los ciudadanos”, aclaró el delegado.