Cuando finalice la presente legislatura, lo cierto es que no se habrá entregado ni una sola vivienda protegida en nuestra ciudad. Lo cierto, es que la ocupación de las viviendas de Huerta Téllez, al igual que ha puesto encima de la mesa la situación que llevan viviendo decenas de ceutíes, los cuales entregaron sus ahorros a una constructora que diez años después no ha respondido y que tampoco encontraron mucha ayuda, en su momento, desde la Ciudad Autónoma, los propios okupas, en las afirmaciones que han realizado, dejan claro que el problema de la falta de viviendas sociales en Ceuta es una realidad que no solamente va camino de la mejora, sino en todo caso, en sentido contrario.
Legislatura
La presente legislatura democrático en el campo autonómico se inició en el año 2015 y terminará en mayo de 2019 y ya se puede afirmar que será imposible la entrega de cualquier casa. Por supuesto, quienes lean estas líneas podrían afirmar que las 317 de Loma Colmenar sí se adjudicaron a sus ocupantes durante los últimos meses del verano de 2016. Es verdad, pero no olvidemos que pertenece a la legislatura anterior y estaban ya preparadas en enero de 2015, pero por decisión política se dejó mejor para una vez que los comicios hubieran pasado. Lo que pasó es que tras suceder el famoso tema de la ‘lista fantasma’ que derivó luego en el ‘caso Emvicesa’ resulta que hubo un retraso poco alentador.
Desde el comienzo de la presente legislatura hemos estado escuchando dos líneas de actuación por parte del equipo de gobierno, uno de manera directa y otro indirecta, con la colaboración del Ministerio de Fomento. El primero, consistía en la utilización de una serie de parcelas, de manera principal, la del Brull, para la puesta en marcha de un, programa de viviendas en alquiler. Se había hablado de que el Gobierno iba a sacar un concurso donde la empresa adjudicataria se comprometiera a la construcción de estas casas, donde la obligación sería que la ocupación la establecería Emvicesa y el coste lo recuperarían a través de los alquileres que irían pagando durante al menos entre veinte o veinticinco años. Se puso mucho ímpetu, pero, de momento, no se conoce nada.
Protocolo
Y la segunda línea fue la firma de un protocolo entre Vivas y la entonces ministra del área, Ana Pastor, donde se preveía que se iba a construir unas 500 viviendas y que el departamento ministerial iría incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado partidas por valor de unos siete millones de euros anuales.
Sin embargo, a pesar de la firma y de que parecía que existía voluntad política, lo único que, hasta el momento, ha salido adelante es un proyecto de unas 90 viviendas que irían en Loma Colmenar. Han sido varios los contactos entre las dos administraciones, pero, aún no se han adjudicado las obras a ninguna empresa.
Era un proyecto que hablaba de elevar unas trescientos cincuenta viviendas en la zona de Loma Colmenar y otras ciento cincuenta en Benzú. Y en Benzú concretamente era en el lugar donde está aún el depósito municipal de vehículos.
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