No ofendan, por favor

Hace tan solo unos días que me fue impuesta la Cruz distinguida de primera categoría de la Orden de San Raimundo de Peñafort, Patrón de los juristas. No me vino del cielo, sino que, como en dicho acto quedó claro, fue un reconocimiento a sesenta años de ejercicio de la abogacía, amén de mi labor, como legislador, en los casi doce años que –en tres etapas- fui miembro de las Cortes Generales. Esos son los méritos tenidos en cuenta a la hora de conceder dicha distinción.

Es  un hecho incontrovertible que, sesenta años atrás, en  1957, juré ante la Audiencia de Cádiz y me colegié necesariamente en aquel Colegio, porque entonces no existía el de Ceuta, del cual fui fundador en 1964.  Y es cierto también que fui Diputado –UCD- en el Congreso en la I legislatura (1979-1983) y Senador –PP- en las V y VI (1993-2000). He sido abogado por tradición familiar y también por vocación. Siempre he creído que es una profesión necesaria para la sociedad y, además, noble y honorable aunque algunos puedan mancillarla, como dije en mi intervención durante el acto de imposición. Pero si fui parlamentario no fue para ser legislador, aunque una quincena de leyes lleven mi anónima huella por enmiendas o correcciones de estilo que me fueron admitidas,  sino para tratar de defender, allá donde fuere necesario, los legítimos intereses de mi ciudad natal, Ceuta, a la que siempre he querido con toda el alma y he deseado servir.

Por Ceuta, además, fui concejal y segundo Teniente de Alcalde en los años 60 del siglo pasado (cuando no había ni dietas ni cualquier otra clase de ingresos). Por Ceuta volví a ser Concejal (1983/1987), Primer Teniente de Alcalde tras el voto de censura a Fraiz y, por último, Diputado en la Asamblea.

He hecho por mi tierra cuanto he podido. Si no conseguí más,  como hubiera querido, será porque no me fue posible. Tanto como Diputado como siendo Senador, mi labor fue elogiada ante los demás compañeros de Grupo parlamentario por sus máximos responsables, quienes la pusieron de ejemplo sobre cómo debe actuarse en la defensa de una circunscripción electoral.

Por todo ello, me ha dolido muchísimo que, tan solo hace unos días, se haya utilizado en la Asamblea la palabra “traidores” para calificar a los que tuvimos algo que ver con la aprobación del actual Estatuto de autonomía, acusándonos de haber puesto a los pies de los caballos a nuestra ciudad, con el argumento de que dicho Estatuto no dice que seamos una Comunidad autónoma.

Si los que nos acusan de traidores hubiesen podido ver el empeño que pusimos en aquel entonces –año 1995- el recordado Diputado, Francisco Antonio González, y los dos Senadores, José Luís Morales y yo, para tratar de  mejorar el texto que había redactado  el Ministerio para las Administraciones Públicas, del cual era Ministro el socialista canario Jerónimo Saavedra, con el que, afortunadamente, me unía una relación de amistad por haber coincidido en el mismo Colegio Mayor en el curso 1956-1957; si hubieran tenido ocasión de leer el primer proyecto que conocimos y comprobar las diferencias con respecto al que resultó aprobado: si mirasen el artículo 137 de nuestra Constitución, según el cual el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y “en las Comunidades autónomas que se constituyan”; si se dieran cuenta de una vez de que nuestra Constitución no impone la obligación de ser Comunidad autónoma, sino que, en su artículo 143, prevé que las provincias limítrofes y las que tienen una entidad regional histórica “podrán acceder” a su autogobierno y constituirse en Comunidades autónomas”, lo que demuestra que, al respecto, no existe precepto imperativo constitucional alguno.

Item más, si leyeran el artículo 144 del mismo texto, en lo relativo a las competencias de las Comunidades “de vía lenta” (tan similares a las contenidas en nuestro Estatuto); si viesen que contar con capacidad legislativa y Tribunal Superior de justicia, elementos que el propio Tribunal Constitucional, dejándose llevar por la corriente, dice  –a mi juicio erróneamente- que son  necesarios para ser Comunidad  autónoma, cuando tales requisitos no estaban previstos para las Comunidades de “vía lenta” en el mencionado artículo 143: si supieran que esos parlamentarios ceutíes tan malos consiguieron que nuestro Estatuto se aprobara mediante Ley Orgánica, y no por una simple ley ordinaria; si supieran también que nuestro Presidente es nombrado por el Rey gracias a otra conquista de dichos parlamentarios tan malos, cuando ambos elementos (Ley Orgánica y nombramiento real) son totalmente propios de una Comunidad, nunca de un simple municipio; si hubiesen visto cómo persuadimos para que las banderas de Ceuta y de Melilla ondearan, junto con las de las demás autonomías, ante la fachada del Senado (¿qué municipios gozan de ese privilegio?); si supieran que la Disposición Transitoria quinta fue redactada por los parlamentarios ceutíes y melillenses en la Legislatura constituyente con el objetivo de conseguir que la Constitución nos calificara como “ciudades”, y no sólo como “poblaciones”, sin tener la más mínima noción acerca de lo que, después, iban a llegar a ser las Comunidades existentes; y si comprendieran que la política es el arte de lo posible… o este Estatuto, o ninguno  ¿qué es preferible?

Quizás sea mucho pedir. Y eso de que el Estatuto vigente nos hace distintos y, en consecuencia, un bocado fácil para el vecino reivindicador, es algo que no cuadra con la actitud de sus más altas autoridades, quienes, tras sus veintidós años de vigencia, no han utilizado jamás, para apoyar sus apetencias anexionistas, ni una sola palabra relacionada con tal supuesta diferencia tan supuestamente peligrosa que, según los que se permiten llamarnos “traidores”, pone a Ceuta (y también a Melilla) en gravísimo peligro. Claro está que si se siguen dando argumentos a los vecinos, a lo peor hasta podrían utilizarlos. Por pedir, que no quede.

No, no me es posible admitir que ni a mí, ni a mis compañeros (ensuciando además la memoria de Paco Antonio) se nos insulte con ese calificativo tan grave, máxime cuando la traición puede ser delito. Me duele y me entristece ver cómo, desde un  partido localista, me puedan llamar así  a estas alturas, cuando me he volcado a lo largo de mi vida en  trabajar por mi patria chica, Ceuta,  con éxitos y con disgustos, pero siempre poniendo toda mi alma en ello.

Por favor, no vuelvan a ofendernos con ese calificativo tan injusto.