No es justo

La situación de los indios del monte representa todo un quiste en la política migratoria del Gobierno. Una política que, siempre he mantenido, no tiene ni pies ni cabeza. Funciona a golpe de impacto, o, mejor dicho, a golpe de presión. Que los centros están llenos y se teme la llegada de más inmigrantes... pues se saca a lo loco a todo aquel que se pille. Que hay un momento de cierto control... pues se paralizan los expedientes y las salidas sin reparar en que haya personas que lleven no uno ni dos años, sino casi cuatro. Que toca aprovechar un viaje a la India y rentabilizarlo económicamente... pues se ordena el traslado de los últimos indios del bosque. Así como lo leen, aunque hayan cumplido más de mil días en esta ciudad, se hayan integrado a la perfección y constituyan uno de esos grupos que la gente aprecia y quiere. No es justo que después del traslado a la península de la mayoría de integrantes de este colectivo que un buen día decidió levantarse contra una ley de extranjería sin sentido, ahora se amenace con la deportación de los últimos que quedan en la ciudad. ¿Son distintos en algo? En nada. Lo que es distinto es el comportamiento de una clase política que ni es leal consigo mismo ni con los inmigrantes.
Imagínense por un momento la situación en que se encuentra este colectivo. Casi cuatro años en la ciudad, creyéndose promesas que luego han sido mentiras, sin montar algarada alguna, colaborando y trabajando por integrarse después de siete años sin pisar su tierra... y ahora, de un plumazo, se les advierte de una realidad: que es más que probable que se les detenga y se les lleve a su país en un avión y con otros indios detenidos en otros puntos.
Ni es justo, ni es lógico, ni entra en cabeza de nadie lo que está ocurriendo. La respuesta del delegado del Gobierno me la sé de memoria: se aplica la ley y el que entra ilegalmente se le expulsa. Pero al igual que repite lo que todos sabemos debe ser consecuente consigo mismo y con su partido y saber que no se puede tener a un colectivo de inmigrantes engañados durante años, prometiéndoles mentiras y sometiéndolos a una tortura psicológica como la que ahora padecen. ¿Se imaginan lo que es no poder dormir porque no sabes cuál será la madrugada que elija la Policía Nacional para entrar en el CETI y llevárselos? Pues en esa desesperación se encuentran unas personas de las que el delegado no puede encontrar a nadie que los critique. Es imposible.
Si el Gobierno pensaba expulsarlos, ¿por qué ha permitido que estén casi cuatro años en un país sometidos a mentiras? Que no venda el PSOE historias de interculturalidad ni se afane en crear grupos en defensa de no sé qué colectivos. Lo que debe hacer es analizar si está siendo congruente con una decisión que rompe cualquier justicia y que atenta contra cualquier conclusión racional de estos hechos.