No aprender de los errores: vacantes de libre designación, por la AEGC

“Si hablamos en términos absolutos, nos encontramos que la escala de cabos y guardias sufre el incremento más importante en este tipo de vacantes”

Hace diez años el Cuerpo Nacional de Policía tuvo que reducir en un 63% los puestos de libre designación quedando reservados a puestos de carácter directivo o de especial confidencialidad en cumplimiento a distintas resoluciones judiciales que rechazaban unos nombramientos que excedían, en mucho, lo que legalmente debe demandar estos destinos. Una resolución que posibilitó que, las llamadas vacantes “dedocráticas”, porque son designadas gracias al dedo señalador, pasaran de 5.841 a unas 2.600, un 3% de las vacantes el resto, lo serían por antigüedad, méritos o capacidad profesional. Esto sucedió hace más de diez años.

La importancia de que los mejores profesionales estén destinados en los servicios más cualificados es una premisa incuestionable, como también es incuestionable que todos debemos disfrutar de las mismas posibilidades y derechos para conseguir una vacante sin que la arbitrariedad, el amiguismo o la familiaridad pase por encima de los principales criterios: la profesionalidad y preparación. Llevamos años luchando contra este procedimiento con la finalidad de evitar vacíos legales que pueden perjudicar a profesionales más cualificados.

Hemos constatado situaciones ilógicas, incluso escabrosas que perjudicaban la moral de los guardias civiles al observar criterios de elección en vacantes de libre designación que vaciaban la realidad de lo que debe ser la norma.

Destinar recursos a compañeros a una vacante con el único mérito de tener un curso, ante otro que tenía el mismo curso, años de experiencia, condecoraciones y un Grado en una especialidad, donde precisamente esa grado es de vital importancia para la especialidad donde se presta el servicio. ¿Qué criterio se siguió en este caso y en muchos otros? Hay innumerables procesos que nos lleva a pensar que la sobredimensión de estas vacantes perjudica no sólo a los guardias civiles, sino también a una Institución que debe regirse con absoluta transparencia y criterios de justicia.

La triste realidad en la que nos encontramos es que a pesar de debatirse en el Consejo de la Guardia Civil, la nueva  Orden Ministerial de destino duplica las vacantes de libre designación pasando de unas 5.000 a 10.000, es decir, hemos pasado de un 6% al 12% actual. Hemos retrocedido en derechos y transparencia y, sobre todo, porque la experiencia nos dice que estos cambios no aportarán ningún beneficio al servicio y, mucho menos, a los principios básicos que deben prevalecer en los destinos en la Guardia Civil.

Pero si hablamos de términos absolutos nos encontramos que la escala de cabos y guardias sufre el incremento más importante en este tipo de vacantes pasando de un 3% al 9%; la de suboficiales de 0,98% a un 1,86% y en la de oficiales de un 1,63% a un 1,74%.

Desgraciadamente esta nueva normativa ha salido adelante con el rechazo de todas las Asociaciones Representativas excepto APROGC, que representa a los mandos procedentes de la Academia General Militar, mientras la asociación Unión de Oficiales ha votado también en contra. Lamentablemente la escala que sufre más la norma es la de cabos y guardias, la que por cierto, es la que menos productividad percibe y recompensas “medallas” son concedidas a pesar de ser el grupo más números.

Muchas de las nuevas vacantes de libre designación venían cubriéndose por vacantes de méritos lo que estimulaba a los guardias civiles a formarse en las distintas materias para intentar conseguir un mejor coeficiente para lograr el destino deseado. A partir de ahora los guardias civiles saben que la formación tiene en contraposición el dedazo amigo y la imposibilidad de recurrirlas, porque no requieren más merito que la elección del mando.

La Asociación Española de Guardias Civiles votó en contra de la norma y ha dado instrucciones a nuestro servicio jurídico para estudiar la impugnación de una normativa que perjudica gravemente los derechos e intereses de nuestros compañeros. La lucha merece la pena.