No al expolio

Ceuta carece de nervio. Esta es una característica dominante de nuestra personalidad colectiva, que hemos ido forjando con esmero durante la última década, hasta alcanzar cotas ciertamente bochornosas. El que fuera un pueblo valiente, dispuesto a luchar por su tierra hasta la extenuación, se ha convertido en una caricatura de sí mismo, cobarde, escondido tras las faldas de los partidos poderosos, aún a sabiendas de que estos nos han vendido a cambio de una paz de conveniencia con Marruecos. Diluidos en un inmenso magma de omnímodos intereses, Ceuta sobrevive en la indignidad sin más aspiración que prolongar la agonía sin estruendo.
Esta penosa actitud vital es la que explica la indiferencia generalizada ante una situación que, en cualquier otra latitud, hubiera motivado una revuelta ciudadana. Ceuta tiene una densidad de población superior a cuatro mil doscientos habitantes por metros cuadrado. Un déficit de vivienda estimado, oficialmente, en tres mil quinientas. Una red de centros docentes notoriamente insuficiente, que provoca la ratio de alumnos por grupos más alta del estado (causa, entre otras, del desmesurado fracaso escolar). Estamos por debajo de todos los indicadores recomendables de equipamiento social e infraestructuras. Los diagnósticos sobre nuestra Ciudad, elaborados por los más variopintos organismos, sin excepción, señalan la escasez de suelo como una de las causas principales de esta secular tara. La condición de insularidad, que nos constriñe entre una frontera y el mar, impide una expansión territorial similar a la experimentada en cualquier término municipal. Conclusión, estamos condenados a soportar un modelo de desarrollo urbano lento, deforme, muy costoso y notoriamente insuficiente.
Si esto fuera exactamente así, no quedaría más remedio que asumir resignadamente el destino. Pero lo que resulta radicalmente inaceptable, por injusto, es que en este complicado contexto, la administración pública, en este caso a través del Ministerio de Defensa, se pueda permitir el lujo de retener secuestrados millones de metros cuadrados. Nuestro desesperante estrangulamiento  coexiste con numerosas parcelas, envidiablemente emplazadas,  ocupadas por instalaciones militares vacías, en desuso y en estado de acelerado deterioro, sin más fundamento que asignar al Ejército el rol de un especulador privado, que se dedica a hacer caja traficando con la necesidad de una Ciudad que sigue sitiada, como si el siglo veintiuno se resistiera a llegar.
A veces es triste comprobar que en Ceuta seguimos atrapados en un tiempo antidemocrático, en el que el Ejército constituía un poder en si mismo, y ante el que la ciudadanía rendía pleitesía con miedo reverencial. Peor aún. Tanto PP como PSOE alimentan y fortalecen con su política este anacronismo. En un estado democrático, el poder político está vinculado, de manera obligatoria e ineludible, al interés del pueblo. Nada puede justificar apartarse de este principio. Es cierto que la defensa nacional es una prioridad incuestionable. Por ello, mientras ha sido necesario dedicar el cuarenta y cinco por ciento del suelo de la Ciudad a las necesidades militares, nadie ha objetado. Ahora bien, una vez que estas necesidades se han visto modificadas sustancialmente, como consecuencia de  la modernización de las fuerza armadas, los avances tecnológicos y los cambios operados en la técnica militar, la única alternativa razonable es devolver el suelo a su legítimo dueño: el pueblo de Ceuta. PSOE y PP han gobernado, en periodos iguales, durante los últimos quince años. Han tenido la oportunidad de corregir una malformación que se convierte en llave de futuro. Y no han querido hacerlo. Para ellos, el interés de Ceuta siempre limita infranqueablemente con sus intereses partidistas. No quieren líos. Pero los ceutíes no podemos acompañar a estos partidos acomodados en su traición. Debemos recuperar nuestra autoestima en forma de movilización. Hasta obligarlos a rectificar. Rebelarse contra la injusticia es síntoma de vitalidad. Defender nuestros derechos como pueblo es una obligación moral de la que nadie se puede sustraer sin remordimiento.