La consejera de Asuntos Sociales del Ejecutivo local, Adela Nieto, negó ayer rotundamente que el embargo de ayudas sociales sea una práctica de la Administración local o estatal y aseguró que si se ha producido en alguna ocasión ha tenido que ser “por error”.
La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, defendió que las ayudas sociales “deben ser inembargables por cualquier Administración” porque se trata de apoyos públicos “para solventar una situación personal en la que un individuo o una familia se encuentran en extrema necesidad, por lo que es incomprensible que dichas ayudas sean intervenidas por la Agencia Tributaria”, ante la que pidió al Gobierno ceutí que haga “gestiones” para evitarlo con el fin de impedir “la exclusión total de esas familias”.
Hamed reconoció que la Ciudad Autónoma ya no aplica ese tipo de embargos para saldar sus deudas cuando comprueba que determinados ingresos “se relacionan con una ayuda social”.
“Compartimos que la existencia de una deuda tributaria debe ser exigible a todo ciudadano pero no compartimos que se haga a costa de las ayudas sociales que se reciben, puesto que están concebidas para evitar la exclusión de quienes las perciben”, dijo Hamed, que asegura conocer distintos casos. Nieto reiteró que serán excepciones muy puntuales.
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