El afectado expone que desde la dirección provincial desconocen cuándo se cubrirán las vacantes
Ángel Mendoza es uno de los tantos desempleados a quien desde el pasado lunes se le niega su prestación por desempleo, en su caso 450 euros. La causa, expone, se debe a la ausencia de la figura del orientador laboral, explica el afectado en la queja presentada ante la dirección general del
SEPE. Precisamente es en dicha oficina donde le corroboraron que las plazas están vacantes desde el pasado 30 de marzo, sin llegar a precisar cuándo se cubrirían. “Me dijeron que podría pasar un mes, una semana o un día pero mientras, yo estoy sin percibir la ayuda que, me aseguraron, me pertenece, y como yo sé que hay más personas”, apostilla el afectado. Explica Mendoza que en su caso, por el tipo de ayuda que tiene derecho a percibir, tuvo que pasar una serie de procesos. “Cuando examinaron mi situación me comentaron que tenía derecho a una prestación, pero primero debía cumplir unos requisitos”, explica. En concreto se trata del PAE (Programa de Activación de Empleo), un itinerario individual y personalizado de empleo que precisa de sus serie de obligaciones tanto a los demandantes de empleo como a los solicitantes de prestaciones. Entre ellas, las de participar en las acciones de mejora de la empleabilidad y búsqueda activa de empleo que, con carácter previo al inicio del programa, se le haya asignado al demandante por los servicios públicos de empleo y, en concreto, por un orientador laboral.
El itinerario al que se acoge el afectado precisa de la figura del orientador laboral
El problema para los demandantes como Mendoza surge al no poder completar todo el proceso obligatorio, pues el último paso de esa reunión de orientación no se llega a producir. “Tenía la cita el pasado lunes para reunirme con el orientador, pero mi sorpresa fue cuando llegué y me comunicaron que, en ese momento, carecían de profesionales”, explica el afectado. Pero el matiz de preocupación llega cuando le comunican que no tendrá derecho a la prestación hasta que se produzca la obligada reunión con el orientador. “Me parece indignante que se me niegue una ayuda a la que tengo derecho por una cuestión de ineficacia en la Administración”, afirma Mendoza, cuya intención es ir más allá “para que salga a la luz cómo pagamos los ciudadanos de a pie las pésimas gestiones de los servicios públicos”.