El negocio de los traficantes a costa de jugar con vidas

La red desarticulada por la UCRIF de la Policía Nacional, que se nutría del tráfico de inmigrantes desde Ceuta o Marruecos a la Península, cobrándoles entre 1.500 y 2.000 euros por persona, tiene vinculación directa con el fallecimiento de dos jóvenes marroquíes que partieron desde la playa de Benítez este pasado febrero en una embarcación que naufragó, en plena travesía, y cuyos cuerpos fueron encontrados en Gibraltar.

Eran los llamados Jawad y Abdelhamid, a los que sus familias estuvieron buscando desesperadamente después de que, habiendo entrado a nado en Ceuta y estado en las naves del Tarajal, dejaran de tener información sobre su paradero. Junto a ellos, según las investigaciones llevadas a cabo por la Policía y judicializadas en La Línea a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, murieron otras dos personas más: dos marroquíes a los que la UCRIF vincula directamente con la mafia implicada en ese tráfico y que se habían desplazado específicamente desde La Línea a Ceuta para recoger a los inmigrantes en la playa de Benítez. La ruta salió mal, en el camino la embarcación empezó a dar fallos en el motor y a sufrir una entrada de agua, lo que llevó a que uno de los inmigrantes discutiera con el pasador, cayendo todos al mar.

Ese pase tuvo lugar el 6 de febrero tras un acuerdo entre integrantes de una organización criminal de La Línea con una red asentada en Ceuta. Tres adultos y dos menores fueron trasladados en coche a la playa en donde esperaron la llegada de la embarcación para partir. El naufragio tendría lugar frente al Peñón. La Policía considera que murieron los dos pilotos -tras agenciar el pase a cambio de 5.000 euros-, Abdelhamid y Jawad, de 29 y 22 años. Se salvaron dos menores de 16 y un adulto. Tan solo una hora antes de que la organización sacara esta patera directa a la muerte, efectuaron otro pase de 11 inmigrantes que también salió de Benítez y llegó a Algeciras. La cooperación entre miembros asentados en Ceuta y en La Línea fue constante y no se frenó por esta tragedia.

Peor aún. En sus informes la Policía relata el auténtico “desprecio” por la vida que tienen los implicados a los que solo preocupa el no poder cobrar el trayecto o tener problemas con familiares ante posibles denuncias. Durante la investigación, detectan llamadas en las que unos a otros se culpan de lo acontecido, prevaleciendo un único interés: cobrar, llegando a deslizar la posibilidad de amenazar a familiares de los fallecidos para que pagaran.

La bautizada como Operación Tsunami comenzó con la investigación de una organización criminal asentada en el Campo de Gibraltar cuyos integrantes, casi todos marroquíes, se dedicaban al tráfico de personas y, en menor escala, al de hachís. Organizaban salidas de embarcaciones desde el norte de Marruecos con destino a Cádiz, con la singularidad de que los propios jefes de la red ejercían de pilotos y llegaban a ser interceptados por la Guardia Civil o auxiliados por Salvamento Marítimo quienes los daban como otros inmigrantes más de la expedición, y no como traficantes. En octubre de 2020 comenzó la investigación al llegar una patera sospechosa a Algeciras.

La red estaba liderada por dos hermanos -uno de ellos dado por muerto en el naufragio frente a Gibraltar-, ambos marroquíes llegados a España en pateras y asentados en La Línea: uno como jefe y el otro como lugarteniente. Ambos estaban encargados de reclutar a marroquíes, organizar los viajes a la Península y ocultarlos si era necesario.

Los hermanos querían asentarse en La Línea disponiendo de embarcaciones de calado, contando con una rama colaboradora en Marruecos -encargada de captar clientes, gestionar pagos, organizar y preparar las salidas-; y otra rama de destino en la Península -que organizaba el entramado criminal, recogida y traslado de inmigrantes así como asesoramiento-.

La UCRIF llegó a atribuir a esta red varias pateras llegadas a la Península en fechas de 15 de septiembre de 2020 (15 inmigrantes salen de Rabat y los dos hermanos marchan a bordo de la patera en un viaje que duró 48 horas, en el que tuvieron que achicar agua llegando a temerse por las vidas de todos). Hicieron videollamada para comunicar que estaban siendo rescatados por Salvamento, además colgaban en redes sociales imágenes de los pases que llevaban a cabo y no dudaban en usar la violencia para amedrentar a los inmigrantes. Pero hubo más. El 11 agosto de 2020 se le atribuye la llegada de otra embarcación con 16 inmigrantes. Entre ellos también viajaban los hermanos como si fueran jóvenes con ánimo de llegar a España tras partir de Marruecos.

La red aprovechaba incluso la situación de pandemia y el cierre de fronteras, conocedores de que no se pueden llevar a cabo expulsiones, para ‘vender’ un viaje seguro. El 16 de septiembre de 2020 coordinaron la llegada de otras 14 personas más. Hace constar la Policía en sus informes el “ánimo de lucro” y la “peligrosidad de los viajes” que emprendían. Además del tráfico de personas colaboran con redes de multidelincuencia, lo que le permitió a la Policía desvelar contactos de esta organización con otra asentada en el sur peninsular dedicada a la carga y descarga de hachís y que mantiene, a su vez, contactos con enlaces de Ceuta.

El 21 de octubre de 2020 se localizó una patera con 10 personas que se hundió a 3 millas de Gibraltar. Todos los ocupantes fueron rescatados y 6 trasladados al Peñón. Entre ellos, infiltrados como sin papeles había miembros de la red.

Las salidas de embarcaciones desde Ceuta son constantes y no cesan a pesar del siniestro mortal. La Policía tiene constancia de salidas de inmigrantes el 19 y 20 de ese febrero de 2021 a bordo de una embarcación tipo yate que sale de Benítez. Un par de días antes salió una con 18 personas desde Benzú, siendo interceptada en Santa Catalina por la Guardia Civil. Los inmigrantes habían permanecido ocultos en la vivienda de Benzú en la que irrumpió la Policía a finales de marzo. Cada inmigrante había pagado 2.500 euros. La casa de Benzú servía de ocultación, muy bien ubicada a pie de playa. Al otro lado del Estrecho, la red disponía de ‘guarderías’ para ocultar embarcaciones y a personas.

Ceuta figura en esta trama como principal punto de origen para organizar la salida de personas, sobre todo desde Benítez. La red cuenta con ‘colaboradores’, personas encargadas de alertar de la presencia de policías o guardias civiles por la zona, ubicándose en puntos estratégicos con amplia visión.

La Policía Nacional sospecha que la organización ha podido introducir a más de 130 inmigrantes, consiguiendo beneficios en 7 meses de 313.200 euros.