El
Ministerio Fiscal pide 6 años y medio de cárcel además de 20 años de inhabilitación absoluta para el agente de la
Guardia Civil de Ceuta detenido en junio del pasado año en el marco de una investigación desarrollada por la Policía Judicial contra una estructura criminal dedicada al tráfico de
drogas. Considera la Fiscalía que el guardia civil A.L.H., que se encuentra en prisión preventiva, debe responder de un delito contra la salud pública cometido por agente de la autoridad en ejercicio, además de otro de organización criminal. Por el primero pide en su escrito de calificación inicial, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, una pena de 4 años y medio de cárcel, así como 20 de inhabilitación mientras que por el segundo solicita 2 años más. Junto al guardia civil hay otros 7 acusados que se enfrentan a penas similares salvo en lo relativo a la inhabilitación exclusiva para el miembro del Instituto Armado por su profesión. El Ministerio Público considera probado que se está ante una estructura bien definida en la que sus integrantes
se repartían distintos roles para favorecer el pase de vehículos cargados con droga escondida en dobles fondos. El guardia civil, la pieza clave en este tablero de ajedrez
Para que esos pases llegaran con éxito a Algeciras contaban, según considera la Fiscalía, con el apoyo de este integrante del Instituto Armado que coincidía en los servicios cuando tenían lugar los embarques de vehículos con hachís. Así fue hasta que uno de los conductores adelantó el viaje a Algeciras y la Benemérita lo detuvo cargado con droga. Ese acusado terminó cooperando iniciándose un camino de intervenciones telefónicas avaladas por el
Juzgado y seguimientos que terminaría dando lugar a un rosario de arrestos. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial dio por definido el entramado que, en base a sus investigaciones, funcionaba coordinado para alimentar el negocio de la droga. La pieza clave en ese tablero de ajedrez era el agente de la Benemérita que, destinado en la Compañía Fiscal, haría la vista gorda ante los distintos envíos de hachís. Las investigaciones efectuadas dan pie, a juicio de la Fiscalía, a la existencia no solo de un delito de tráfico de drogas sino también otro de
organización criminal. Las penas son de 6 años de prisión, y solo en dos casos 6 años y medio. La inhabilitación se solicita únicamente para el agente que perdería el uniforme.
Estos eran los roles en el negocio de la droga
Los roles para que el negocio de la droga fructificara estaban bien ajustados. Así, dos de los acusados que son hermanos se encargaban, a juicio de la Fiscalía, de organizar esos pases de hachís desde Ceuta a la Península. Conseguían vehículos, distribuían la carga, buscaban a los conductores y transportistas de la sustancia estupefaciente a los que les facilitaban los billetes.
Junto con otro de los acusados supervisaban que esos traslados de la droga salieran bien, además de coordinar la posterior entrega de la mercancía en Algeciras.
El agente de la Benemérita hacía funciones de control en su puesto de trabajo. A juicio del Ministerio Fiscal aprovechaba ese papel de registro de los vehículos, personas y equipajes encomendado para colaborar con la organización.
Dice la Fiscalía que actuaba “concertadamente y coordinadamente con el resto de acusados, facilitando los pases, incumpliendo el deber inherente a su cargo y puesto de trabajo de prevenirlos e interviniendo activamente en la actividad ilícita del grupo”.
Vigilancia, preparación de los vehículos…
En esa pirámide de reparto de roles había más figuras activas. Otro de los acusados había labores de vigilancia y supervisión de los coches usados que eran guardados en las instalaciones de unos talleres. Alertaba si presenciaba a agentes de la autoridad en las proximidades.
Y como complemento estaban los elegidos para hacer los embarques de la droga transportando la sustancia estupefaciente en vehículos preparados y a nombre de miembros de la organización.
“De la investigación realizada se pudo descubrir que los acusados utilizaban la misma manera de operar de manera habitual llevando a cabo los transportes en las fechas en las que el guardia civil acusado se encontraba de servicio en el puerto, de manera que tenían total seguridad de que la droga no iba a ser detectada en los controles debido a la inacción de este acusado”, explica la Fiscalía.
Los investigadores analizaron en la base de datos cuándo se habían producido esos pases, confirmando que siempre se usaban los mismos coches, conductores y estando el guardia civil de servicio.