Hace un año ciudadanos, colectivos sociales,
policías y
guardias civiles se manifestaban para denunciar que grupos de narcotraficantes ponían en peligro la convivencia y la seguridad de los vecinos del Campo de Gibraltar. La propia Fiscal Antidroga se hacía eco de los problemas de convivencia y la aceptación de buena parte de la sociedad y menores de esta actividad ilícita. Una juez en un auto aseguraba que los narcotraficantes que enviaba a prisión “pretendían en su fuero más interno convertir la zona en su territorio, haciéndola suya en una suerte de ‘ciudad sin ley’ o más bien haciendo que impere la ley del más fuerte o la ley de la violencia”. Un auto que ponía nombre a una realidad incuestionable, que no era otra que los narcos comenzaban a echar un pulso al Estado de Derecho como ha ocurrido en otros países del mundo.
Esta semana hemos conocido el auto del Juzgado número 2 de La Línea de la Concepción (Cádiz), en el que concede la libertad bajo fianza de Francisco Tejón, líder del clan de Los Castañas, uno de los principales grupos de narcotraficantes del Campo de Gibraltar y de su hermano Antonio. Entre los dos han abonado 320.000 euros, una fianza irrisoria para dos personas que tienen una gran fortuna presuntamente procedente de esta actividad ilícita.
No es la primera vez que
AEGC denuncia la necesidad de crear juzgados y fiscales especiales para combatir la lacra del narcotráfico en nuestro país. AEGC advertía que los capos de las bandas criminales más peligrosas están bien organizados y con el sucio dinero de sus fechorías contratan abogados que dilatan los procedimientos aprovechando la complejidad de estas macrocausas para conseguir condenas pírricas similares a los detenidos con unos pocos kilos de hachís, aunque estos últimos no tienen tanta suerte y son condenados a los pocos meses de ser detenidos.
El juez Romero ha dejado en libertad a Los Castañas argumentando la “complejidad del caso” y a la previsión de que “la apertura del juicio sea lejana”. Los jueces se encuentran procedimientos imposibles de gestionar y delincuentes con buenos abogados para defenderlos. AEGC ha denunciado esta situación en multitud de ocasiones. Hemos denunciado que estos delincuentes peligrosos tienen condenas irrisorias provocadas por las dilaciones indebidas de los procedimientos. La puesta en libertad de los hermanos Castañas no ha sido una buena noticia para los guardias civiles y policías que se juegan la vida en el Campo de Gibraltar combatiendo organizaciones criminales que desprecian la vida de los agentes en cada una de sus actuaciones criminales, pero tampoco es una buena noticia para los ciudadanos que ven desesperados que el Estado de Derecho pierde la batalla ante los narcotraficantes por la falta de medios. Pueden hacerse discursos políticos muy enérgicos “no pararemos hasta acabar con esta lacra”, pero de nada valen las muchas operaciones y la detención de más de 3.000 presuntos narcos en el Campo de Gibraltar y Andalucía si los capos de estas organizaciones salen de las cárceles para comenzar a dirigir nuevas descargas. Esta es una realidad incuestionable que debilita la credibilidad de las Instituciones y del propio Estado de Derecho.
La complejidad no puede servir de excusa ni debería ser una causa válida para que capos y delincuentes puedan beneficiarse de condenas leves y, mucho menos, que puedan salir en libertad para seguir disfrutando de las fortunas conseguidas envenenando, matando, defraudando y robando a millones de ciudadanos decentes. No puede ser una excusa, porque no es la primera vez que jueces, asociaciones ciudadanas, de guardias civiles y policías denunciamos la alarmante falta de medios que pone en evidencia las carencias del Estado de Derecho para defenderse de las organizaciones criminales. La receta parecía fácil, más guardias civiles y policías para investigar y detenerlos. Una receta que ha dado sus frutos con la aprehensión de miles de kilos de drogas y más de tres mil presuntos narcos detenidos. Pero como dice Arguiñano, ningún plato sale bien si le faltan condimentos y, en el caso que nos ocupa, nos faltan jueces, fiscales y leyes que impidan que los delincuentes dilaten los procedimientos y salgan en libertad.
Hace unos días leíamos en los chat de los medios de comunicación: “Muchas operaciones, mucha propaganda, pero dentro de unos días están todos en la calle”. Eso es lo que perciben los ciudadanos y los delincuentes que se dedican a estos negocios. Eso es lo que piensan y no les falta razón.