Las obras ilegales, que crecen como setas, se han convertido en la auténtica obsesión del Gobierno. Tal es así, que después de años en los que o bien nada se ha hecho o bien los expedientes no han cobrado la celeridad debida, ahora se anuncia y hasta se exhibe la “severidad” que va a marcar las actuaciones orientadas a poner orden en donde ahora solo hay caos.
El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, dio a conocer al término del Consejo de Gobierno la aprobación de demolición de una vivienda y otra construcción ilegal ubicadas en Claudio Vázquez y Calle Córdoba con Huerta Téllez. Antes ya se habían demolido otras dos (en Juan Carlos I y Velarde) y hay un par en camino. El poder hacerlo es el resultado de meses o incluso años de cumplimentar un proceso que por el camino deja muchas vías abiertas antes de que, legalmente, se permita el derribo de una obra.
Precisamente sobre este punto se detuvo ayer Hachuel, que compareció al término del Consejo de Gobierno, acompañado del responsable de Fomento, Néstor García León, para insistir en su discurso: “Trabajamos para dar una respuesta contundente”, dijo. “Se está vigilando severamente los plazos de los expedientes” iniciados, para que ninguno quede dormido.
Ahora mismo se tienen detectadas 60 obras incipientes ilegales que están siendo vigiladas para evitar que avancen y terminen dando forma a una construcción. Al margen hay expedientes iniciados, cuyo número no ha quedado claro y casas que son susceptibles de poder ser legalizadas. Sobre la cifra de viviendas al margen de la ley que hay en la ciudad, tampoco se concretó su número porque ni siquiera se puede saber.
“Nadie se puede atrever a decir el número de viviendas ilegales que hay. Nos preocupamos ahora de tapar la hemorragia y después de curar”, indicó Hachuel, advirtiendo de que tras las construcciones ilegales vienen otros problemas igual de graves como la aparición de vertederos clandestinos o la proliferación de plagas de insectos o ratas por las malas condiciones higiénicas.
Tanto Hachuel como García insistieron en la firma de decretos de paralización de obras y derribos se ha multiplicado pero que la acción no puede ser tan rápida por el sistema “garantista” que está en vigor. “Son procesos largos”, señaló García, además de “costosos” porque, entre otros pasos, hay que “identificar al promotor” algo que no siempre resulta fácil. Una vez logrado, éste dispone de “oportunidades de defensa” así como de plazos para poder presentar las oportunas alegaciones, lo que, en plazos, termina alargándose en demasía.
El problema se agrava cuando la obra termina y en su interior habitan personas, porque terminan obteniendo una protección y unos derechos que también deben ser contrarrestados. “Si estuviéramos en otro país... se haría de otra forma, pero hay que respetar la ley”, dijo Hachuel, insistiendo en que no perderán ni un minuto en seguir con estas acciones.
La cara visible del Gobierno recalcó que, si ahora no se ven los resultados, éstos sí que asomarán a largo plazo, cuando se hayan cumplido con todos los permitidos por ley y lo único que quede sea la demolición. En el caso de la demolición llevada a cabo hace unas semanas en Juan Carlos I, se trataba de un proceso que duró años y cuyo trámite final, el del derribo, se ha logrado al agotarse todos los plazos existentes.
La Ciudad ha recalcado la gravedad de la problemática de las obras ilegales puesto que de ellas nacen consecuencias de peso como la desfiguración que sufren barriadas enteras, la pérdida de accesos que se anulan por construcciones ilegales o el propio riesgo que entraña para quienes residen en casas que se han hecho al margen de la ley y que pueden no cumplir con las mínimas condiciones en materia de seguridad.
Las obras ilegales también afectan a espacios de la propia Ciudad, como es el caso de las que se realizan en las viviendas de protección oficial, abriéndose ventanas, cerrándose patios o construyendo justo al lado.
