El Grupo Republicano en el Congreso que lidera Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 con la que pide “suprimir” el régimen de
tributación específico para las empresas operadoras de
juego telemático radicadas en Ceuta y
Melilla que se estableció con el último gobierno del
PP.
Desde su punto de vista “resulta absolutamente inoportuno e incongruente mantener este régimen tributación más favorable por el único hecho de que la empresa operadora tenga su domicilio fiscal efectivo en esos territorios cuando su actividad incide en toda España y, por lo tanto, también, en los colectivos vulnerables con riesgo de adicción”.
A su juicio “es una constatación que las principales empresas operadoras del juego en línea han trasladado su domicilio fiscal a estos territorios, por lo que, en la práctica, éste se está gravando al 10%”.
Además, argumentan que “está claro que la consideración de la externalidad negativa que se quiere revertir no admite fiscalidades distintas ni a la baja”. “Ni se puede justificar desde la ‘singularidad territorial’, porque debe prevalecer la ‘singularidad’ de la actividad en su componente de riesgo”, consideran los nacionalistas en su iniciativa frente a un marco que ha propiciado la radicación en Ceuta de cerca de una treintena de empresas y la creación de “más de 300” puestos de trabajo.
El PP, por mejorar el marco
En Grupo Parlamentario Popular también ha presentado varias enmiendas al proyecto del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, pero en sentido radicalmente contrario.
Así, una de sus propuestas aboga por “implementar una serie de mejoras del régimen fiscal de Ceuta y Melilla suficientemente atractivas para la localización de empresas de servicios o de sus en las ciudades autónomas lo que, a su vez, serviría de reclamo para que las actividades de servicios (y de forma singular las que tengan más facilidad para su deslocalización por poder prestarse por vía telemática o electrónica) puedan establecerse allí y beneficiarse de un régimen suficientemente atractivo”.
El PP pretende, por ejemplo, que “a los efectos de la aplicación de la bonificación prevista en el Impuesto de Sociedades, tendrán la consideración de rentas obtenidas en Ceuta o Melilla aquellas que posean, como mínimo, un lugar fijo de negocios en dichos territorios, hasta un importe de cien mil euros por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones” en cualquiera de las dos ciudades. En el supuesto de que se acepte, reclama que “no se exigirá la acreditación del cierre en Ceuta o Melilla de un ciclo mercantil que determine resultados económicos”.
Los de Pablo Casado también reivindican que en 2022 se adopten “medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social a fin de eliminar la excepcionalidad en la bonificación del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social para los pequeños empresarios autónomos dedicados a la actividad de la correduría de seguros en Ceuta y Melilla a fin de hacerlos beneficiarios a semejanza con lo que ocurre con pequeños empresarios de otros sectores para, de esta manera, fomentar la actividad económica y posibilidad de generación de empleo en el sector de los seguros”.
El PP ha solicitado igualmente que el SEPE ponga 5 millones “para financiar un Plan de Empleo en Ceuta que sirva para la realización de medidas que incrementen los puestos de trabajo”.