Falta “agilidad”, también “flexibilidad”... falta una solución clara al bloqueo en el que están atrapados miles de expedientes de nacionalidad. Hay afectados que llevan esperando años a que sus solicitudes sean aceptadas, después de que en 2015 se produjera el gran estancamiento. Los afectados quedan atrapados en una especie de callejón sin salida en el que la obtención de la nacionalidad se antoja en un imposible. La última cifra conocida a nivel nacional situaba en más de 300.000 las solicitudes de petición de entrevista que aún no han sido atendidas.
En el año 2011 se aprobó una Ley de reforma del Registro Civil que todavía no se ha puesto en marcha, prorrogándose su entrada en vigor hasta el 2020. “No hay interés en ponerla en marcha”, denuncian fuentes conocedoras del ámbito de Justicia a este periódico. Ni hay interés en eso ni en dejar de sembrar dudas sobre la operatividad del Registro Civil, del que depende la tramitación de las nacionalidades y que se ve afectado de manera cíclica por intentos de privatización. “Hay mucha dejadez”, lamentan las mismas fuentes, enumerando casos de solicitantes que llevan esperando desde el año 2013 a que se les atienda.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba este mismo año que su deseo era el de incrementar el número de funcionarios para dar salida a los expedientes. Una medida que no se ha llevado a cabo y que lleva a que cada vez sea mayor la bola de peticionarios a la que no se ha dado curso.
Demostrar el conocimiento del idioma, de la Constitución y obtener un diploma acreditativo del Instituto Cervantes son los trámites solicitados previos a una entrevista que arrastra años de espera. En Ceuta hay casos de personas que pasaron por la entrevista efectuada por un juez y que todavía no han obtenido respuesta. Tampoco se les comunica un plazo, una fecha o salida sobre su expediente. Es uno más de los que se agolpan en los cajones.
En el año 2015 el Gobierno difundió la puesta en marcha de un plan intensivo para desbloquear estos casos, indicando que se iba a digitalizar las solicitudes pendientes y que se acelerarían todos los trámites. Más de mil estaban bloqueados en nuestra ciudad, el panorama lejos de mejorar empeora.
Detrás de las peticiones de acceso a la nacionalidad se encuentran casos de extranjeros residentes en Ceuta que llevan años esperando una regularización imposible.
El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto de real decreto para facilitar el acceso a la nacionalidad española por residencia a aquellas personas que no saben leer ni escribir o tienen dificultades de aprendizaje que les impiden superar los exámenes obligatorios de lengua y cultura española. La posibilidad de solicitar una dispensa de esas pruebas al Ministerio de Justicia se estableció ya en una orden publicada en 2016, pero faltaba el procedimiento específico y los requisitos para pedirla. Ahora Justicia se inclina por reformar el real decreto que estableció en 2015 el nuevo reglamento para obtener la nacionalidad por residencia y la necesidad de superar dos exámenes en el Instituto Cervantes: el de español como lengua extranjera, con un nivel A2 como mínimo; y una prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. El Ministerio, que ha abierto una consulta pública sobre la reforma, subraya en un documento la necesidad de cumplir los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación.
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